jueves, 20 de noviembre de 2014

COLUMNA

Lectura Política

Noé Mondragón Norato

 ¿Alcaldes narcos?
De los 12 alcaldes mencionados por sus posibles nexos con el crimen organizado, y que formarían parte de una eventual lista negra de la PGR, hay algunos nombres que perturban. Y otros que aparecen en la palestra pública con fines estrictamente políticos y en la caliente coyuntura electoral del 7 de junio de 2015. Basta con ubicar el origen de los señalamientos, su propia movilidad y las demarcaciones que gobiernan, para entenderlo mejor.

¿ALCALDES NARCOS?- Muchos alcaldes señalados tienen aspiraciones políticas. Otros, las esconden. El punto sin embargo, es que sus nombres ya le metieron ruido a sus proyectos de poder. Pero algunos son golpeados en la coyuntura. Hay que ver las razones: 1.- El edil de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, aspira a la candidatura a gobernador por el PRI. Incluso, es puntero en algunas encuestas recientes. Su nombre vinculándolo al grupo delictivo Los Rojos es una versión propia del empresario Pioquinto Damián Huato. Porque dicho grupo delictivo no lo ha mencionado en mantas, como sí ocurrió con el ex edil de Iguala, José Luis Abarca Velázquez. Y otros como el edil priísta de Taxco, Salomón Majul González –quien también aparece en la lista-, cuyo nombre fue difundido recientemente por el grupo delictivo Guerreros Unidos. Además, no existe evidencia alguna –fotos de arreglos o reuniones subrepticias- que lo relacione con ese grupo delictivo. Es claro que la intención, es desinflarlo políticamente. Pero Mario ya se dijo dispuesto a ser investigado. Y la PGR no debe hacer oídos sordos a esa petición. Para quitarle el sello político a la acusación. 2.- El edil priísta de Chilapa, Francisco Javier García González, se quedó en medio del fuego cruzado por una disputa entre los grupos delictivos Los Ardillos con asiento en el municipio de Quechultenango, y Los Rojos. Su nombre apareció en varias mantas colocadas en la vía pública presumiblemente, por Los Ardillos. Y su hijo Alán García Álvarez, sufrió un intento de secuestro en el puerto de Acapulco, en los inicios de agosto pasado. Estas circunstancias alimentan las sospechas sobre dicho edil tricolor, quien aparece callado ante el anuncio difundido por la PGR. 3.- Crescencio Reyes Torres, edil perredista del municipio de La Unión y su hermano, el ex dirigente estatal del PRD, Carlos Reyes Torres, fueron señalados por Servando Martínez La Tuta, -en un video que circula en redes sociales- de colaborar con el grupo delictivo de Los Granados en el corredor de Costa Grande. E incluso, de pedir apoyo del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de su líder Nemesio Oseguera Ramos, El Mencho. Al respecto, el diputado federal del PRD, Catalino Duarte Ortuño, demandó investigar a los dos hermanos. Pero la PGR nunca lo hizo. Y las sospechas crecen más porque el dirigente de la tribu Grupo Guerrero (GG) –a la que pertenecen ambos hermanos-, David Jiménez Rumbo, acaba de admitir que conoció a La Tuta desde niño. 4.- El edil priísta de Zihuatanejo, Eric Fernández Ballesteros, también está en la lista negra. Se le atribuyen nexos con el grupo de Los Granados. Y guarda silencio. En una sintonía similar se mueve el edil perredista de Tlacotepec, Mario Alberto Chávez Carvajal, a quien la PGR le endilga acuerdos inconfesables con la organización delictiva Los Rojos. Y lo hace también con el alcalde de Chichihualco –del PRD-, Leopoldo Cabrera Chávez. A Efraín Peña Damacio –edil de Apaxtla- se le relaciona con el grupo delictivo Guerreros Unidos. Y al perredista de Teloloapan, Jesús Valladares Salgado, con La Familia Michoacana. A ninguno de ellos se les perciben aspiraciones políticas para 2015. A menos que piensen dar el zarpazo en el último momento. 5.- Finalmente, la lista la cierra el edil de Coyuca de Catalán, y miembro de la tribu perredista Grupo Guerrero (GG), Rey Hilario Serrano, quien aspira a la diputación local y ha demandado ser investigado por la PGR. El punto de todo lo anterior no está relacionado en realidad con la revelación mediática y escandalosa de los nombres de alcaldes –que le atiza al morbo público- sino qué tanto está dispuesta la PGR a la investigación de esas presumibles relaciones delictivas. Porque debe hacerlo ya. Para descontaminar por adelantado, la elección del próximo 7 de junio que está en riesgo. Los ciudadanos demandan claridad, profundidad y celeridad en esas investigaciones. Y no simples borregazos.
HOJEADAS DE PÁGINAS…La huelga en el DIF estatal y en el Centro de Rehabilitación Integral Guerrero (CRIG), tiene un origen preciso, pues existe una propuesta para basificar indebidamente 24 plazas. En ese baile están involucrados la Directora de Finanzas, Teodora Gatica, quien pretende beneficiar a su hermana y cuñada; la directora general Sara Salinas, quien lucha por otorgar ese mismo beneficio a una de sus hermanas y a Martín Leal, Director de Adquisiciones. También, Filiberto Valencia Palomec, Subsecretario de Finanzas, quien pelea por otorgarle una basificación a su nuera y a su hijo. Y finalmente, Uriel Adame, quien cobra el diezmo de todo lo que se compra de alimentos en el DIF y es protegido de Sara Salinas. El nepotismo y los tráficos de influencias, detrás del conflicto y como agandalle laboral.
dragonato@hotmail.com

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