ARTICULO

Un no al Mando Único

Edilberto Nava García

 La instauración del mando único en todo el país es un gran equívoco por parte del gobierno federal, pues se establece a la vez una base para una mayor violación a los derechos humanos en el  ámbito nacional. Los estimados lectores, al leer esta afirmación expresarán sus dudas, porque efectivamente se ha dado el caso en que algunas ciudades la presencia del mando único ha tenido buenos resultados.

Y en  efecto, sólo en aquellas ciudades cuyos ayuntamientos han sido incapaces, tolerantes o definitivamente nulos en su obligación de garantizar la seguridad pública a sus gobernados, es que ha resultado benéfica la actuación del mando único.   Hay gobiernos municipales que han realizado esfuerzos en ese sentido, pero han sido insuficientes a falta de recursos económicos, armamento y la necesaria capacitación a los elementos de seguridad. En estos últimos casos, quizá las instancias municipales resuelvan la seguridad de sus territorios  asignándoles el recurso económico faltante y muy probablemente con el adiestramiento y la capacitación.

Sin embargo, cierto es que el mando único, por principio de cuentas no es garantía de un blindaje o una coraza, porque siempre habrá quienes aspiren a  resolver sus aspiraciones económicas mediante la portación del uniforme con caso y la metralleta. En otras palabras, los mandos siempre son puntos acecha dos por la tentación si en la contraparte hay quien ofrezca dinero o cualquier otra canonjía y privilegios; eso ha hecho la mafia.

No es arrebatándoles a los ayuntamientos y gobiernos estatales la responsabilidad de garantizar la seguridad pública y la persecución y captura de los delincuentes, organizados o no, como se resolverá el problema. Desde el punto de vista legal se violan preceptos fundamentales consagrados en la Constitución. La población de las entidades muestran rostros interrogantes respecto a la intromisión de cuerpos policiacos del nivel federal, pues la suscripción de convenios  no nulifican la soberanía. Y eso es lo que acontece con la presencia del mando único.

Todavía más, los organismos de defensa de los derechos humanos tienen la convicción de que el mando único de las policías no sólo son un atentado a la soberanía de cada uno de los estados en que actúa o actuarán, sino que no se resuelve el problema y ponen como ejemplo el caso de Ciudad Juárez, donde pese a todo continúan los crímenes, particularmente de mujeres.

El resultado ha sido contraproducente, si se analizan cuidadosamente los datos que contiene un informe de la investigación que sobre el rubro  se llevó a cabo el año pasado, que en el particular caso de la violación a los derechos de las mujeres, el gobierno es el principal violador.  El dato   es muy grave, ya que el estudio arrojó cifras porcentuales de los que se clasifica como violencia institucional.

Ante la violencia generalizada, con policías y gendarmes por carreteras, calles y caminos, este país semeja una nación en guerra. ¿Qué ha sucedido? Y uno se responde: quizá nuestro modelo económico afectó a más de un rico, les destruyó su dinero acumulado  y, como estaban  acostumbrados a percibir jugosos ingresos, actuaron y para evitar la ruina se han convertido en mafiosos  y son hoy parte de la delincuencia organizada. Posiblemente, pero también los hombres del poder partícipes de la galopante corrupción contribuyen con la ineficacia de autoridades inferiores, precisamente para crear condiciones favorables para que la delincuencia organizada actúe en los mejores  escenarios.

Y qué se propone como soluciones? Si se tratara sólo de robos a casa-habitación o en la calle, tal vez el vecino vigilante o los ciudadanos organizados en consejos vecinales, porque  participan con mayor rapidez que la policía, pues ésta casi siempre llega tarde al lugar de los hechos. Los vecinos se conocen entre sí y viven y sienten  los atracos, raptos, secuestros y sus consecuencias, en cambio los elementos policiacos obedecen estrictamente a sus superiores quienes muchas veces tienen otros intereses. No es descabellada la idea. Cuestión de legislar en este renglón para actuar sin que se viole la soberanía ni la autonomía de ninguna otra autoridad que tenga entre sus obligaciones  proporcionar   seguridad y tranquilidad al pueblo.