lunes, 25 de julio de 2016

POLICRÓNICA

   Ejecuediles…En los últimos 10 años en gobiernos federales panista y priista, han sido ejecutados al menos 79, entre electos, en funciones y ex presidentes municipales en todo México, incluido dos del estado de Guerrero en una descarada y descarnada violencia.

La imparable violencia que se vive en el país, incluido Guerrero, queda demostrado que los gobiernos federal y estatales, carecen de un protocolo de seguridad para presidentes municipales y funcionarios de los tres niveles de gobierno, por ello son blanco fácil de la delincuencia organizada, del sexenio  Calderonista al Peñista suman 79 entre electos, en funciones y ex alcaldes ejecutados. En el caso de Guerrero, el presidente municipal de Pungarabato, por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) Ambrosio Soto Duarte fue asesinado durante la noche de este sábado cuando regresaba de Huetamo, Michoacán, en donde tiene una refaccionaria a Ciudad Altamirano, región de la Tierra Caliente de Guerrero. Los reportes indican que el alcalde fue emboscado en el punto conocido como “Curvas del Cajón”, ubicado en el tramo carretero San Lucas-Riva Palacio, territorio de Michoacán y muy cerca ya de entrar a Guerrero. El hecho ocurrió poco antes de las 23:00 horas. Se confirma que se trató de una emboscada en la que además del alcalde hubo otra persona muerta, al parecer de los facinerosos y 4 policías federales heridos que traía como escoltas. Pese a que tenía  seguridad personal entre policías estatales y federales, de nada sirvió y desde luego el gobernador ayer en conferencia de prensa, el priista, Héctor Antonio Astudillo Flores, quien no permitió preguntas recriminó al ahora edilejecutado  perredista Ambrosio Soto Duarte de haber hecho un viaje a deshoras, seguramente tenía justificaciones de pesos para hacer el viaje a deshoras. Tenga o no razón el jefe del ejecutivo, lo cierto, es que nadie puede aceptar un asesinato de cualquier persona, y lo sucedido al alcalde de Pungarabato Ambrosio Soto Duarte, ocurren por la tolerancia que han tenido los gobiernos estatales y federales hacia las bandas de la delincuencia organizada y por no actuar de manera contundente. En el caso de Guerrero las autoridades, han sido tolerantes con la violencia, principalmente en los municipios de Pungarabato, Arcelia, Acapulco, Zihuatanejo, Chilpancingo, Tixtla, Chilapa de Alvarez, Iguala de la Independencia, entre otras municipalidades. A raíz de esta situación, la población ha caído en la desesperación e irritación, al grado de querer tomar las armas, lo cual sin duda, solo generará más violencia en la entidad suriana. Desde luego que nadie está de acuerdo que la ciudadanía tome las armas y asuma su seguridad, porque para eso están las autoridades, y se debe privilegiar el estado de derecho. En el discurso del gobernador Astudillo Flores y del gobierno federal se escucha mucha seguridad para Guerrero, pero lo cierto es que no hay resultados y podría llegarse al extremo de la omisión gubernamental es que en Guerrero haya un alzamiento social, sobre todo si no se ataca a la delincuencia. También queda en evidencia que los cuerpos de inteligencian del gobierno federal y estatal no están trabajando al 100 por ciento, por lo que necesitan intensificarse para prevenir delitos y no querer “tapar el pozo, ahogado el niño”. También el gobierno federal y estatales, tienen la obligación de ofrecer protocolos para los presidentes municipales, quienes son los primeros en recibir los problemas sociales de la sociedad, entre ellas la seguridad. Esto no es de ahora, habría que hacer un recuento de retrospectiva, por lo menos en los seis años del entonces presidente de México, por el Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón Hinojosa y ahora en lo que va del sexenio del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con Enrique Peña Nieto, en el primero fueron asesinados al menos 38 presidentes municipales, en este último, suman ya 16. Eso habla de que no hay protocolos de seguridad para ediles, ni para funcionarios de los tres niveles de gobierno. Esto, luego del segundo asesinato de un alcalde en apenas dos días, y luego de que las cifras oficiales revelaran un aumento en los homicidios dolosos de hasta un 16 por ciento, los partidos políticos de oposición reclamaron la ineficiencia del Gobierno federal parta detener los ataques a funcionarios locales. Este fin de semana, en diferentes hechos de violencia se registraron los asesinatos, por la mañana del sábado el de Domingo López González, Edil de San Juan Chamula, Chiapas, y por la noche el de Ambrosio Soto Duarte, Alcalde de Pungarabato, Guerrero. La mañana del sábado, López González político del Partido Vede Ecologista de México (PVEM), quien tenía nueve meses en la cabeza del Gobierno municipal de San Juan Chamula fue ejecutado a balazos junto con un miembro de su administración durante un enfrentamiento en la plaza central de la localidad. Mientras que Ambrosio Soto Duarte, Alcalde del municipio de Pungarabato, Guerrero, fue asesinado la noche del sábado cuando un grupo de hombres armados disparó al vehículo en el que circulaba en el tramo entre San Lucas, Michoacán, y Ciudad Altamirano. Por su parte la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) lamentó la muerte de Soto Duarte y expresó su rechazo a este tipo de hechos y exigió a las autoridades competentes el esclarecimiento de lo ocurrido, además solicitó a la Secretaría de Gobernación (Segob) la creación de un protocolo de seguridad para alcaldes y funcionarios de los tres órdenes de Gobierno. De acuerdo con un conteo rápido, con estas dos ejecuciones suman al menos 16 alcaldes muertos desde 2013. Aquí el recuento: Durante 2013, primer año de Gobierno de Peña Nieto, hubo ocho asesinatos. El Presidente Municipal electo de San Pedro Totolapan, Epigmenio Rafael Aragón Luis, fue asesinado el 5 de diciembre, a menos de un mes de la fecha prevista para su toma de posesión. El 7 de noviembre  Ignacio López Mendoza, Presidente Municipal de Santa Ana Maya, Michoacán, fue secuestrado, torturado y asesinado por el crimen organizado, de acuerdo con información de la AALMAC. Everardo Hugo Hernández Guzmán, Edil electo de San Andrés Cabecera Nueva, Oaxaca, fue asesinado en septiembre, en inmediaciones del municipio de Santa Cruz Xoxocotlán. Gerónimo Manuel García Rosas, Alcalde del municipio de Aquila, Veracruz, fue asesinado el 22 de julio por el segundo comandante de la Policía Preventiva de la entidad. El 5 de junio, el primer Edil de San Miguel Tilquiápam, Oaxaca, Celestino Félix Vásquez Luis, fue asesinado a unos pasos de la puerta de su casa a un costado del mercado municipal. José René Garrido Rocha, presidente municipal de San Salvador el Verde, Puebla, murió a balazos luego de que supuestos delincuentes ingresaran a su domicilio para robar el pasado 20 de abril. Feliciano Martínez Bautista, Edil de San Juan Mixtepec, Oaxaca, fue emboscado y asesinado el 24 de marzo mientras transitaba por las inmediaciones del municipio de Juxtlahuaca. El cuerpo del Edil del municipio de Urique, Chihuahua, Leobardo Díaz Estrada fue hallado decapitado dentro de automóvil, el 8 de febrero. Para 2104 en el país se registró el deceso de dos ediles. El 22 de marzo el Alcalde de Tanhuato, Michoacán, Gustavo Garibay García fue asesinado mientras salía de su domicilio. Durante meses, el Alcalde contó con protección federal que le otorgó el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa por lo que era custodiado permanentemente por agentes de la Policía Federal, sin embargo al inicio del mandato de Enrique Peña Nieto, al igual que a otros alcaldes de la región del Bajío se les retiro la vigilancia. Cinco meses después, el 4 de agosto, el Alcalde del municipio de Ayutla, en el estado de Jalisco, Manuel Gómez Torres fue asesinado a balazos en su rancho por un grupo del crimen organizado. Guanajuato registró un hecho inédito el 23 de junio de 2015 cuando el presidente municipal electo por el PVEM en el municipio de Jerécuaro, Rogelio Sánchez Galán,  fue ejecutado por un comando de sicarios que viajaban en una camioneta. En ese mismo mes José Alfredo Jiménez, Alcalde de Santa María Chimalapa, Oaxaca, fue asesinado el día de las elecciones federales intermedias. El 2 de enero de este año la Alcaldesa perredista de Temixco, Morelos, Gisela Mota Ocampo fue asesinada de cuatro balazos en la cabeza por un grupo armado, un día después de tomar protesta como presidenta municipal. Juan Antonio Mayen, Alcalde de Jilotzingo, Estado de México, fue asesinado la mañana del 22 de abril de 2016 junto a dos de sus escoltas. Iba por una carretera del municipio de Naucalpan.Desde que el ex Presidente  panista Felipe Calderón Hinojosa empezó la llamada guerra contra las drogas, el 6 de diciembre de 2006, 100 presidentes municipales sufrieron atentados y cerca de mil 100 funcionarios fueron víctimas de ataques, según cifras dadas a conocer en enero por AALMAC. De los seis años del Gobierno calderonista el 2010 destaca como el año más violento con al menos 13 Ediles ejecutados:Gregorio Barradas Miravete del municipio de Juan Rodríguez Clara, en Veracruz;  Jaime Lozoya Ávila, presidente municipal de San Bernardo, Durango;  Gustavo Sánchez Cervantes, alcalde interino de Tancítaro, Michoacán; Prisciliano Rodríguez Salinas, alcalde del municipio de Doctor González, Monterrey;    Alexander López García, munícipe de El Naranjo, San Luis Potosí; Marco Antonio Leal García, de Hidalgo, Tamaulipas; Edelmiro Cavazos Leal de Santiago, Nuevo León; Nicolás García Ambrosio, presidente municipal de Santo Domingo de Morelos; Óscar Venancio Martínez Rivera, alcalde de San José del Progreso; Jesús Manuel Lara Rodríguez, regidor de Guadalupe Distrito Bravos, en Ciudad Juárez;José Santiago Agustino de Zapotitlán Tablas, Guerrero;     Manuel Estrada Escalante del municipio de El Mezquital, Durango; Ramón Mendívil Sotelo, Edil del municipio Guadalupe, Durango. Gran parte de las cifras de presidentes municipales que fueron ejecutados durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, según declaraciones de las procuradurías locales, estuvieron relacionadas con el crimen organizado. Sin embargo mediante un comunicado,  la Asociación Nacional de Alcaldes solicitó al gobierno federal que, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), implemente de manera urgente un Protocolo de Protección para Alcaldes que garantice la seguridad de los ediles en riesgo. Desde el 2006 a la fecha (julio 2016) han sido victimados 40 alcaldes en funciones, siete electos y 32 exalcaldes, dando un total de 79. Estas cifras contemplan los recientes atentados en las últimas horas de Ambrosio Soto Duarte, presidente municipal de Pungarabato, Guerrero; y Domingo López González, alcalde de San Juan Chamula, Chiapas “En la ANAC hemos realizado una clasificación de zonas de riesgo para ser alcalde. La Zona A (Riesgo muy alto), Zona B (Riesgo alto), Zona C y Zona D (Riesgo bajo)”, indica el documento. De acuerdo con esta clasificación los estados con más riesgo para los alcaldes son: Durango, Michoacán, Oaxaca y Veracruz. Seguidos por Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Nuevo León, Tabasco y Tamaulipas y en menor medida Coahuila, Morelos, San Luis Potosí, Puebla y Zacatecas. El propósito de lo anterior, agrega la ANAC, incluiría otros indicadores como el de amenazas, homicidios previos cercanos, regiones con delincuencia organizada y delitos de alto impacto, es determinar el grado de protección que requieran los alcaldes y conforme a ello, establecer los recursos económicos incluyendo partidas en Fortaseg, humanos, materiales e inteligencia policial que deben incluirse por zona y en específico a quienes lo necesitarán, con prioridad a sus ciudadanos. De igual manera se consideren los pasos a seguir después de una situación de esta naturaleza, adicional a lo estipulado por la ley, como la creación de consejos municipales, investigación detallada y hasta en su caso la supresión de cabildos por causas graves que hayan contribuido a los delitos en comento. Pero lamentablemente las autoridades investigadoras, la versión más fácil para las autoridades estatales y federales, como una manera de minimizar los crímenes y también para evitarse el trabajo de una investigación para su esclarecimiento. Más ahora en día, cuando el crimen organizado está actuando con toda impunidad, porque existe exceso de tolerancia de las autoridades federales y estatales. Ninguno de los 79 asesinatos presidentes municipales electos, en funciones y quienes dejaron de hacerlo, han sido esclarecidos y en el caso de Soto Duarte, quedará en la total impunidad, y desde ahora lo está anticipando el gobernador Astudillo Flores de responsabilizarlo de su propia muerte, por andar viajando a deshoras. El mensaje está claro, la impunidad seguirá reinando en Guerrero…Preocupación…Entre los habitantes del Valle de El Ocotito, municipio de Chilpancingo, existe mucha preocupación, pues desde que se dividió el Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), en lugar de generar certeza, hay  una total desconfianza. Por ello el pasado jueves 21 de los corrientes llegó un grupo de ciudadanos de El Valle de El Ocotito hasta las puertas de la oficina del presidente municipal priista, Marco Antonio Leyva Mena, que está ubicada en el segundo piso del Palacio Municipal de Chilpancingo, en donde le expondrían su verdadera preocupación. Desde hace dos meses atrás, alrededor de 35 personas fueron expulsadas como Policías Comunitarios, dependientes del FUSDEG por malos elementos, y ahora estas personas andan buscando gente para reclutarlas. No se sabe a ciencia cierta que si es para formar otra organización de comunitarios o para otros fines aviesos. Entonces esa preocupación se la expondrían al edil del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a fin de que tome algunas medidas preventivas, antes de que se pudiera generar algún otro conflicto. Por lo pronto se ha superado el caso de la elección del comisario municipal y desde hace un par de semanas, ya está resuelto recayendo en la responsabilidad en el perredista Aulifed Benítez Bizozo. Pero ahora se presenta otro problema, con los comunitarios, pues las 35 personas expulsadas por el FUSDEG, son encabezadas por el tal “Deivy” y presuntamente protegidos por el nuevo comisario. Los promotores del nuevo grupo de Policía Comunitario, andan ofreciendo dinero y armamento, eso es lo que no les gusta a los ciudadanos de El Ocotito, por ello antes de que suceda otra cosa, primero están enterado al edil Leyva Mena. Además  los quejosos, por obvias razones, no dieron su identidad, pero están solicitando también la intervención del gobernador priista, Héctor Antonio Astudillo Flores, a fin de que mande a investigar  al tal  “Deivy”, para saber la procedencia del dinero y las armas que anda ofreciendo para integrarse a su nuevo grupo. Están poniendo un alerta con tiempo al gobierno municipal y estatal, porque deporsí ya es un problema, con la división del FUSDEG y luego la confrontación que trae con la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero (UPOEG) que liderea Bruno Plácido Valerio, con quienes no solo se han peleado de palabra,  han llegado hasta los balazos con resultados funestes, habido varios muertos y heridos. Si surge otro grupo armado en el Valle de El Ocotito, las cosas se van a complicar más. Antes de que suceda algo extraordinario, los ciudadanos del valle están alertando que andan por ahí promoviendo otro grupo armado disque Policía Comunitaria

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