lunes, 8 de agosto de 2016

POLICRÓNICA

   Desatención...El gobierno del estado de Guerrero, representado por el Partido Revolucionario Institucional (/PRI), teniendo a la cabeza al gobernador Héctor Antonio Astudillo Flores, ha puesto oídos sordos y ceguera para la desatención al conflicto que cada día se agrava en el municipio de Mártir de Cuilapan (Apango), pareciera que espera muertos.


No existe voluntad política por el gobierno estatal, para darle salida al conflicto de Apango que inició desde hace tres meses-18 de mayo—que tomaron el palacio municipal, y desde entonces ha venido de menos a más la resistencia de ciudadanos que están exigiendo a los diputados de la LXI legislatura local para que inicien juicio político y desaforarla, presuntamente acusada de nepotismo, corrupción y de no hacer obra pública. Hasta este día nada más el  Congreso del estado les ha dado vueltas a los inconformes, no les han informado que si se le aplicará un juicio política a la presidenta municipal de Mártir de Cuilapan, Felicitas Muñiz Gómez del Partido Movimiento Ciudadano. La han venido acusando de múltiples abusos de autoridad, llegando al extremo de presentar documentación falsa ante la Auditoría General del estado. Los legisladores tienen la última palabra que si declaran procedente el juicio político o no, es la hora que no han dado una respuesta a los pobladores inconformes. En tanto el gobierno del estado a través de la Secretaría General del estado, que presidente Florencio Salazar Adame, tampoco le han puesto oficio político. Como gobierna el Partido Movimiento Ciudadano por segunda ocasión, el gobierno estatal que preside el priista Héctor Antonio Astudillo Flores, ya debió haber resuelto el conflicto, pero parece que les importa un bledo. Con esa actitud de desatención, pareciera que el gobierno Astudillista está esperando que pase una desgracia mayor, entre ellos  muertos y entonces va a reaccionar el gobierno estatal. Pareciera que hasta el día de hoy las autoridades del gobierno estatal se han olvidado de que los ciudadanos de Mártir de Cuilapan son de armas tomar, pues lo han demostrado a través del tiempo. El primer mensaje que desatendió el gobierno estatal Astudillista fue lo sucedido el pasado miércoles cuando  aproximadamente 300 opositores irrumpieron en supuestas propiedades de la alcaldesa y por ello, Felícitas Muñiz Gómez presentó una denuncia ante la Agencia del  Ministerio Público del Fuero Común en Tixtla por los delitos de lesiones, daños, robo, amenazas y lo que resulte en contra del síndico procurador, Benito Sánchez Ayala; los regidores Edelmira del Moral Miranda, del PRI; Rosario Vázquez García, del PRD; Humberto Celino Palacio de Nueva Alianza; Crisóforo Nava Barrios,  Pablo Angel Salazar, dirigente local del PRI, entre otros. Ante el juego perverso que está haciendo el gobierno del estado, el fin de semana, los pobladores de Apango, cabecera municipal de Mártir de Cuilapan, incendiaron un lujoso vehículo de la alcaldesa Felicitas Muñiz Gómez como muestra de repudio y parte de su lucha que tiene como fin la revocación de mandato. Así como parte importante del pueblo en la cabecera municipal y otras comunidades, de haber desviado recursos públicos durante su pasada administración que fue entre los años 2009 y 2012, y de estar haciendo lo mismo además de practicar el nepotismo en su actual gobierno que inició a finales del año pasado.Los cuatro ediles opositores han iniciado un juicio político en el Congreso del Estado, con el objeto de lograr la revocación de mandato contra la presidenta municipal, sin embargo, el proceso ha sido retardado en la sede legislativa mientras que, en el municipio la situación se torna cada vez más ríspida y se corre el riesgo de enfrentamientos entre ciudadanos y autoridades. Este domingo un grupo de pobladores que exigen la salida de Felicitas Muñiz Gómez, encontraron la camioneta de lujo y reciente modelo, tipo Explorer marca Ford, estacionada a las afueras de la comandancia de Policía Municipal donde al parecer estaba descompuesta, por lo que decidieron trasladarla hasta las puertas del Ayuntamiento que se mantiene tomado y, ahí le prendieron fuego. Antes, los pobladores exhibieron el lujoso vehículo por las calles de la cabecera municipal haciendo paradas frente a propiedades de la presidenta, donde le reclamaron que la unidad fue adquirida con el desvío de recursos que practicó durante su administración pasada (2009-2012). Ante esta situación ninguna autoridad intervino y, la unidad motriz quedó totalmente calcinada frente a las puertas del Palacio Municipal. Cabe destacar que mientras el Congreso del Estado mantiene varado el proceso de revocación de mandato sin dar entrada o rechazar un juicio pese a que ya fue aprobado por la Comisión de Examen Previo, el conflicto en Apango cada vez se agudiza más y se corre el riesgo de que haya un derramamiento de sangre. El pasado miércoles 03 de agosto, la parte del pueblo que exige la salida de la alcaldesa, saqueó las bodegas del Ayuntamiento e intentó desarmar a policías municipales que acusan de servir de forma privada a la primera edil. Ante todo esto, quien sale perdiendo, es el pueblo, porque hay muchos problemas sin resolverse, en tanto las autoridades de los tres niveles de gobierno están como si no pasara nada. Cuando afirmamos que quien pierde es el pueblo cuando hay problemas con sus autoridades, porque hay elementos para ello. Por ejemplo, la mañana de hoy lunes una madre de familia y vecina de la cabecera municipal de Apango, lloraba sin consuelo en las oficinas del presidente municipal perredista de Tixtla, Hossein Nabor Guillén, pues se le llevó la regidora priista, Edelmira del Moral Miranda, quien debería solicitar la intervención de la presidenta municipal Felicitas Muñiz Gómez, pero como está confrontada y pese a que son familiares, cercanos, no le solicitó el apoyo, para intervenir ante el gobierno estatal y federal. Entonces trabajo el problema al alcalde de Tixtla, que se supone que no tiene nada que ver con el asunto, porque es habitante del municipio de Mártir de Cuilapan. El caso es que la mujer llorosa, desde hace cuatro meses está desaparecida su hija, que estudiaba en Cuautla, y que estaba a punto de terminar la carrera, pero como fue llamada por el novio originario de Chiapas, resultó ser todo un delincuente, porque según las fotos que posee la madre el futuro “yerno” aparece armado hasta los dientes, con uniforme camuflado. Los mismos tixtlecos, afirman que la liosa regidora Edelmira del Moral Miranda, vive en Tixtla, cobra en el Ayuntamiento de Apango en donde hace sus desmanes y gestiona a apoyos al alcalde Tixtla, como este caso que fue atendido la mañana de hoy lunes. Desde luego que no le va a resolver nada, simplemente le ofreció esperanzas  Nabor Guillén de que intercederá ante las autoridades, cosa que difícilmente ocurrirá, primero no es ciudadana del municipio de Tixtla y segundo, pues la recibió en atención de la regidora originara de esa ciudad, pero  que tenga alguna solución, definitivamente se quedará en puras buenas intenciones del alcalde tixtleco...Incumplido...Una vez más los ciudadanos se decepcionan de su gobernador, pues ofrece soluciones, pero incumple, y esto queda de manifiesto una vez más. Resulta que los habitantes de localidad de Nuevo Balsas, Cocula, afectados por la actividad minera de la empresa “Media Luna”, denunciaron que nuevamente el gobierno del priista Héctor Antonio Astudillo Flores incumplió los compromisos que fueron la base para destrabar el conflicto hace unos meses. Los quejosos, afirmaron:“Hicimos un bloqueo el año pasado y uno más en abril de este año y el gobernador nos dijo que en dos meses él resolvía el problema. Ya pasaron más de dos meses y los pescadores seguimos en la misma situación”. En esa ocasión los pobladores mantuvieron tomadas las instalaciones de la minera por más de quince días, instalaron campamentos en los accesos y obligaron a los altos mandos de la empresa a sentarse a dialogar, junto con el gobierno de Guerrero, con quienes establecieron una minuta de acuerdos, mismos, que a más de dos meses no han sido cumplidos. Entre las principales demandas, los pobladores de Nuevo Balsas, exigían a la minera una indemnización de 500 mil pesos para cada habitante, por las pérdidas económicas que la actividad había dejado, dar empleo a la gente del pueblo, dar trabajo a las pipas, a los camiones de volteo y las Urvan del pueblo y que la mayor derrama económica se quedara en la comunidad. Cuando los habitantes dieron permiso para que se realizaran trabajos de exploración y posteriormente de explotación, se firmó el compromiso de que en cuanto la empresa empezara con la extracción de oro, se empezaría a pagar lo pactado, sin embargo ese compromiso fue incumplido desde el inicio, lo que motivó el bloqueo a la empresa. Sobre los derrames de lixiviados al río, dijo que representantes de la Codehum se comprometieron a llevar especialistas de instituciones, sin citar cuales, para que hagan estudios del agua y del aire. El pasado 16 de abril, tras una reunión en la residencia oficial de Casa Guerrero, se reunieron representantes de Nuevo Balsas, de la Minera y funcionarios estatales encabezados por el gobernador del estado, Héctor Antonio Astudillo Flores, así como el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno. Para levantar el bloqueo y destrabar el conflicto, el gobernador ofreció a los pobladores, la entrega de seis millones de pesos para proyectos productivos, de salud, educación y becas, para normalizar la vida cotidiana en el poblado Nuevo Balsas, municipio de Cocula. Mientras los temas de contaminación, serían tratados por especialistas a fin de demostrar o descartar daños al ecosistema, como afirmaban los pescadores de la región. En reiteradas ocasiones los habitantes de la comunidad de Nuevo Balsas, municipio de Cocula han denunciado que la mina que opera en aquella región ha impactado de manera severa en la actividad pesquera, principal fuente de ingreso de al menos cuatro localidades. De nueva cuenta, en conferencia de prensa, los habitantes de manera anónima detallaron que anteriormente se pescaban diariamente alrededor de 300 kilogramos de mojarra diaria pero desde el inicio de los trabajos de la mina, propiedad de Media Luna, los peces han huido del lugar en busca de sitios con menos ruido. “Hemos tocado puertas para atender nuestro problema sobre todo por el tema de la pesca. La minera con sus detonaciones que hace como está trabajando a cielo abierto nos afecta porque prácticamente está a orillas de la presa y con el ruido la mojarra busca un lugar tranquilo y se van de ahí”, señaló uno de los pescadores afectados. El problema ya ha sido expuesto tanto a las autoridades del gobierno del estado como a directivos de la minera que han negado afectaciones y exigieron a los pobladores que científicamente comprueben que existe daño. “Nosotros sabemos que no podemos comprobar científicamente por que la mina va a pagarles a cualquiera que haga los estudios para que los resultados sean alterados, eso es algo que siempre han hecho pues cuentan con el dinero para hacerlo”, denunciaron. Anteriormente, explicaron que salían por las tardes y regresaban con hasta 300 kilos de mojarra, “hoy salimos a las 10 de la mañana y regresamos a las 10 de la noche con 10, 15 o 20 kilos entonces hemos tratado de llegar a un acuerdo con la mina pero los representantes se han negado”. Lamentaron que tanto la mina como el Estado se resisten a aceptar una seria afectación ambiental en contra de los pescadores y aún más, condenaron haber sido engañados por el mismo gobernador Héctor Antonio Astudillo Flores. Según los manifestantes, tan sólo en las comunidades de Nuevo Balsas y Real del Limón, Cocula, al menos 400 familias se encuentran afectadas por la reducción de la pesca de mojarra en la zona por lo que junto con otros pueblos buscarán unirse e intensificar acciones. “No tenemos nada definido pero de persistir la cerrazón vamos a cerrar las instalaciones de la mina. La última protesta se burlaron de nosotros porque cerramos la carretera pero la mina contrató helicópteros para sus trabajadores pero esta vez queremos tomar directamente la mina”, advirtieron. Este es otro caso, que no atiende con prontitud el gobierno Astudillista, parece que está empeñado en que los conflictos cada día más surjan y no se resuelvan como se esperaba que lo hiciera, desde el momento de su arribo a la gubernatura estatal.

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