POLICRÓNICA

   Monstruo...Los tres niveles de gobierno han auspiciado y tolerado el monstruo de transgresores, disfrazados de grupos de autodefensa en lugares en la que no son avalados por la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, como sucede en el corredor del valle de El Ocotito, municipio de Chilpancingo.

El gobierno de Guerrero, presidido por Héctor Antonio Astudillo Flores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), prácticamente está temeroso con los hechos violentos sangrientos registrados desde la madrugada, mañana y tarde del lunes en la comunidad de Tlayolapa, municipio de Juan R. Escudero (Tierra Colorada), en la que todavía ayer martes por la tarde, un “pedazo” del gabinete de Seguridad estatal, no atinaba en precisar exactamente qué sucedió y el saldo rojo, pero además dieron una postura timorata y hasta de rodillas pidiendo de favor que no se agraden entre los transgresores de la ley. Durante una conferencia de prensa realizada la tarde de ayer en la sede del Ejecutivo en Chilpancingo participaron miembros del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG) como el Fiscal General del estado, Xavier Ignacio Olea Peláez; el Secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes y, el vocero estatal en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia, quienes “detallaron” sobre los hechos de violencia registrados en Tlayolapa, municipio de “Juan R. Escudero” y  El Ocotito, perteneciente a Chilpancingo. En lugar de  anunciar la aplicación rigurosa de la ley contra esos transgresores por el delito de homicidio, lesiones y desapariciones, les imploraron  para que declaren una tregua. Estos delitos se persiguen de oficio, pues hay familias agraviadas que han quedado en la orfandad, pese a ello la respuesta fue totalmente tibia. El “pedazo” del gabinete de seguridad del gobierno estatal fijó una postura oficial timorata a más de 24 horas de los hechos violentos registrados el lunes en Tierra Colorada y el Valle de El Ocotito, donde miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero (UPOEG) irrumpieron en la zona controlada por el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG),  con un saldo funesto, así como un bloqueo de la carretera federal  95 México–Acapulco que se prolongó durante más de 12 horas. Ante estos hechos violentos el gobierno estatal que preside el priista Héctor Antonio Astudillo Flores, prácticamente evita proceder jurídicamente contra los asesinos de las personas contra los dos grupos de autodefensa que flagrantemente están violando la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, pues el corredor del Valle de El Ocotito a Xaltianguis, municipio de Acapulco, no es avalada por esta disposición, solamente en comunidades rurales con presencia étnica, pero con armamento de bajo calibre. Lo más grave es que los funcionarios en su conferencia admiten que han sido rebasados por el conflicto generado por la confrontación entre grupos de autodefensa de la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero (UPOEG) y del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), en el valle de El Ocotito, al señalar que es competencia del gobierno federal el desarme de los civiles para restablecer el orden en esta franja de la zona centro de la entidad. ¿Entonces la competencia municipal y estatal para prevenir delitos, en donde está su trabajo? En contraste, Alvarez Heredia solo se limitó hacer un “atento pero enérgico” llamado a ambos grupos de autodefensa para que cesen las hostilidades, se abstengan de buscar venganza y confíen en las autoridades para investigar y sancionar a los responsables de la matanza registrada ayer en las inmediaciones del poblado de Tlayolapa donde oficialmente se reportaron siete muertos y dos heridos.  Ya nada más faltaba que el vocero de seguridad y quienes lo acompañaron se pusieran a llorar ante los grupos armados confrontados. Pero fue más allá, se deslindó de restablecer el orden y la legalidad en la zona argumentando que el desarme de las guardias comunitarias le compete al gobierno federal y no al estatal. Pero quienes han auspiciado y tolerado el monstruo de transgresores de la ley, disfrazados de grupos de autodefensa es precisamente los gobiernos municipal y estatal al permitir esa organización fuera del contexto de lo que establece Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero. Luego de actuar de manera blandengue y hasta de complicidad dijo que el gobierno estatal ratifica su disposición de diálogo con las organizaciones sociales que sean respetuosas de la ley y afirmó que no están dispuestos a entablar comunicación con las guardias comunitarias bajo presión y condiciones que violenten la legalidad. Pero en la práctica es lo que está sucediendo, esos hombres armados están por encima del estado de derecho y de las autoridades de los tres niveles de gobierno, pues hay de por medio al menos siete muertos y heridos. En lugar de conferencia para estarse lamentando, el gobierno estatal Astudillista debió actuar en consecuencia y aplicar lo que fue su eslogan de campaña “orden y paz”, desde luego con la intervención directa del gobierno de la República, porque de lo contrario, les están dando tiempo para que se organicen estos grupos armados y le den una verdadera “sopresa” como regalo del Primer Año de Gobierno de Héctor Antonio Astudillo Flores, que lo cumple exactamente mañana 27 de octubre, día en que se cumplen 167 años como estado de Guerrero, Libre y Soberano. Cuando un reportero preguntó si el hecho violento del lunes en Tlayolapa se trató de una emboscada o un enfrentamiento, el vocero de seguridad Alvarez Heredia pidió a los comunicadores interpretar a su voluntad la situación. Si es así, entonces desde este espacio le decimos que él, junto con los que lo acompañaron en la conferencia y el mismo gobernador Astudillo Flores, son cómplices de los asesinatos de Tlayolapa y protectores de criminales que lo perpetuaron, porque a más de 72 horas, ningún responsable está detenido para ser juzgado por la ley. La expresión provocó una ola de risas y exhibió la indiferencia de las autoridades para resolver este conflicto que ha sido auspiciado y tolerado por las autoridades de los tres niveles, donde es evidente la falta de operación política desde hace un año cuando comenzó la confrontación entre ambos grupos de guardias comunitarias que ha dejado una treintena de muertos en un año. El gobierno estatal Astudillista le teme al monstruo que creo y fomentó el mismo sistema eso de los autodefensas. Habría que recordar que la Policía Comunitaria que se fundó hace más de 20 años en las comunidades rurales indígenas bajo las siglas de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), por allá en los municipios de San Luis Acatlán y Malinaltepec principalmente, era precisamente para garantizar la seguridad de los ciudadanos y de su patrimonio, sin cobrar un solo peso. Pero lamentablemente cuando llega como sustituto gobernador, Angel Heladio Aguirre Rivero, corrompió a los líderes de la CRAC dándoles dinero, armas, carros y equipo táctico. Desde entonces se olvidan de sus orígenes, y los comienza a mover la ambición del dinero y el poder, por lo que enfrenta la CRAC una escisión serial hasta la fecha, al degenerarse el verdadero espíritu comunitario y regulada por la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero. De la CRAC nacieron primero la UPOEG y de éste surgió el FUSDEG y ahora ya también se dividió. Con la conferencia de prensa ofrecida ayer martes por el “pedazo” de gabinete de seguridad se evidenció que definitivamente no pueden someter al orden y paz, al monstruo de los transgresores de la ley disfrazados de autodefensas, pues ahora se andan hasta matando entre ellos mismos y los tres niveles de gobierno se declaran incompetentes para proceder al desarme y estos grupos hasta retan al gobierno y a sus propias contrapartes, acusándose mutuamente. Desde que aparecieron en la escena la UPOEG y FUSDEG en el corredor del Valle de El Ocotito hasta Xaltianguis, se han estado matando, en la que el gobierno del estado ha sido cómplice al no dar a conocer realmente los móviles que alimentan a este par de autodefensas. Lo único que hemos escuchado en los últimos días que el propio Astudillo Flores reconoce que  el Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), pasó de brindar, a generar la inseguridad en el corredor que va de Petaquillas a Xaltianguis, y con presencia en los municipios de Chilpancingo, Juan R. Escudero y Acapulco. En lugar de actuar en consecuencia como gobierno estatal, lo más que ha llegado a externar: “Lamentable, ya lo he dicho, no podemos seguir siendo rehenes de estos conflictos, lamentable la muerte de una persona, se tiene que investigar cómo se lo he planteado al fiscal, pero también deben destensar tanto conflicto entre los grupos comunitarios”. Esto lo externó en días pasados cuando en la vecina comunidad de Petaquillas en un fin de semana entre miembros del FUSDEG se agarraron a balazos en la que resultó herida una persona adulto mayor. El conflicto se agudizó  desde el pasado mes de Julio, cuando se realizó la rotación de comisarios, tanto en Petaquillas y El Ocotito, donde se originó la fractura de la organización y desde entonces han desatado una guerra mediática, e incluso enfrentamientos a balazos. Para Astudillo Flores, no se aplica el estado de derecho a los transgresores de la ley, por el contrario consideró que los grupos comunitarios deben dialogar para regresar a sus orígenes, recordar el propósito por el cual surgieron, que es apoyar al pueblo y en contra de la delincuencia organizada. Todavía más complacientes con sus abusos de estos civiles armados, pues sugiere el mandatario estatal, “Se les tiene que decir, hablar, entender, recordar que su instalación, su fundación, se dio en un ambiente y un propósito noble, ayudarle al pueblo en el tema de la inseguridad, pero ahora la inseguridad la generan ellos”. Está consiente Astudillo Flores que no son garantía para la seguridad de los ciudadanos, más bien, son una autodefensa que prácticamente pone de rodillas al gobierno estatal, municipal y hasta el federal. Lo más que hizo el gobierno estatal, es mandar 200 policías de “Fuerza Estatal” a El Ocotito y Tierra Colorada, disque para retomar el control, cuando en realidad nunca lo han tenido, quienes mandan y controla son los grupos armados en disputada del territorio. Termino que no le gusta a Bruno Plácido Valerio de la UPOEG, porque según dan seguridad, pero está visto, que no es así, sino buscan asegurar sus intereses oscuros de grupo. Si hay desarme, y no ponen orden los tres niveles de gobierno, no solo habrá balazos y algunos muertos, sino que habrá masacres y hasta una rebelión armada de pronósticos reservados, porque andan fuertemente armados con rifles de asalto R-15 y  AK-47, más conocidos como “cuernos de chivo”. Es un armamento totalmente prohibido, sin embargo integrantes de la UPOEG y FUSDEG no solo los portan, sino hasta los presumen como reto a las autoridades. Lamentablemente vemos a un gobierno estatal blandengue y cómplice ante estos hechos sangrientos...Infracciones...El subsecretario de Tránsito y Vialidad, Roberto del Moral Benítez, desde que llegó al cargo, no ha dotado a los agentes de tránsito de block para levantar infracciones a los automovilistas de Chilpancingo. Los pocos elementos que traen, es todavía la herencia de la administración municipal pasada, porque la de Marco Antonio Leyva Mena, les ha dicho que no hay dinero para mandarlas a imprimir a una imprenta. Por falta de esta herramienta de trabajo, la mañana de hoy miércoles en la calle Altamirano en pleno centro de la capital del estado, se armó la bronca entre  dos mujeres  conductora de una urvan que no obedecía la señalización de acenso y descenso de pasaje. Una mujer agente aparte de no tener su block para infraccionar a la  ruletera,  ésta todavía se dio el lujo de insultarla. y prácticamente se agarraron del chongo. Otro abuso de Del Moral Benítez, por concepto de infracciones los elementos recibían una participación del 50 por ciento, pero ahora cuando mucho va del 20 y hasta el 30 por ciento, eso también ya comenzó a generar inconformidad en contra del servidor público. Son algunas de las tantas fallas que ha estado cometiendo este improvisado servidor público de la administración, quien se siente el “sabelotodo”. Por esta situación, en breve los “tamarindos” le habrán de hacer una agua fresca a Roberto del Moral Benítez,  que se la van a refrescar hasta su 10 de mayo. Ya veremos.