PRIMERA PLANA

 Garantizarles educación de los

adolescentes internados:UNICEF  

Javier Francisco Reyes.-Las condiciones de internamiento—cárcel--no deben implicar, bajo ninguna circunstancia, la privación del derecho a la educación para los y las adolescentes en conflicto con la ley, en México registra unos 15 mil sujeto a proceso.

De acuerdo a un comunicado de prensa que hicieron llegar a la redacción de La  Crónica, Vespertino de Chilpancingo, por las autoridades del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México (UNICEF), luego de que en la Ciudad de México,  se realizara un Seminario internacional sobre el derecho a la educación de adolescentes privados de libertad los días 29 y 30 de septiembre.

El evento estuvo organizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México (UNICEF), y la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, (DGTPA), en donde se señalaron que las condiciones de internamiento no deben implicar, bajo ninguna circunstancia, la privación del derecho a la educación para los y las adolescentes en conflicto con la ley.

En el evento se destacó la necesidad de garantizar el derecho a una enseñanza equitativa y de calidad que responda a las necesidades particulares de este grupo poblacional, la cual es un componente fundamental para su proceso de reintegración y reinserción familiar y comunitaria. 

En México, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), aproximadamente 15,000 adolescentes son sujetos a un proceso legal. De éstos, la población de adolescentes que permanece privada de libertad cada año, es de aproximadamente 4,365.

Del total de adolescentes privados de libertad registrados a nivel nacional en 2015, el 2.5% carecían de servicios educativos; el 24.60% tenían instrucción primaria; 41% secundaria; y el 27.20% preparatoria (el 4.40% restante no especificó). Además, la mayoría de las y los adolescentes en conflicto con la ley, estaban fuera de la escuela o presentaban rezago educativo al momento de su ingreso al centro de internamiento.

“El derecho a la educación, es un derecho habilitante para ejercer el resto de los derechos. Por ello, para garantizar a los y las adolescentes en conflicto con la ley el ejercicio pleno de su derecho a una educación equitativa y de calidades, es preciso visibilizar las brechas existentes y fortalecer la coordinación interinstitucional”, señaló Erika Strand, Representante adjunta de UNICEF México.

Son varios los desafíos que persisten para la generación de mecanismos que garanticen el derecho a una educación equitativa y de calidad para los y las adolescentes que están cumpliendo una medida legal. Si bien cada uno de ellos tiene diferentes niveles y distintas necesidades de aprendizaje, muchos de los servicios educativos no están disponibles o se ven limitados a impartir únicamente alfabetización y educación primaria básica, con acceso restringido a secundaria o media superior.

La Directora General de Tratamiento para Adolescentes, Elisa Lavore Fanjul, aseguró que “las y los adolescentes en conflicto con la ley tienen derecho a recibir una educación de calidad que les permita adquirir habilidades y competencias de acuerdo a su grado escolar, por lo que es necesario preguntarse si la metodología actual es adecuada para esta población. Ante características distintas, necesitamos una metodología de enseñanza distinta”.

Los centros de internamiento generalmente no cuentan con personal especializado para atender necesidades culturales o étnicas particulares para quienes pertenecen a comunidades indígenas, y tampoco cubren los requerimientos específicos de los y las adolescentes con problemas cognitivos, daño neurológico o alguna discapacidad. 


Otro de los principales desafíos identificados durante el seminario, fue la gestión de servicios educativos que recae, en la mayoría de los casos, en la administración de los centros de internamiento. Ofrecer servicios adecuados y dirigidos a las y los adolescentes privados de libertad, con el objetivo de que ejerzan plenamente su derecho a la enseñanza, implica un mayor involucramiento por parte de las autoridades educativas a nivel federal y estatal.

Para consolidar los esfuerzos de garantía del derecho a la educación y hacer frente a estos retos, México cuenta con un marco legal sin precedentes, La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, promulgada en 2016, la cual busca uniformar y homologar los mecanismos de justicia para adolescentes en todo el país, así como generar mejores oportunidades de reinserción y reintegración social, familiar y comunitaria.

Por su parte, la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establece que todas las instancias que forman parte del Sistema de Protección Integral deben actuar de manera coordinada  para garantizar el acceso y la restitución integral de derechos (entre ellos, el derecho a la educación) para todos los niños, niñas y adolescentes en México, incluyendo aquellos en conflicto con la ley.

Algunas de las conclusiones del seminario indican que los esfuerzos interinstitucionales para mejorar el acceso y la calidad de la educación deberán centrarse en la generación de iniciativas concretas y programas de enseñanza adecuados que provengan del Sector Educativo. Dichas iniciativas deberán contar con presupuestos adecuados y retomar criterios de inclusión y equidad para hacer frente a la condición de vulnerabilidad adicional que implica la privación de libertad.

Lavore Fanjul, destacó que “el nuevo modelo educativo que propone la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, es que se les dé una educación integral a partir de detección de casos especiales, colocando al adolescente al centro de la enseñanza y generando cambios internos que van desde el uso de materiales, hasta el curriculum de quienes enseñan, sobre todo, contando con profesores de asignatura de la Secretaría de Educación Pública”. 

Será clave también seguir fortaleciendo al proceso de implementación del nuevo marco legal, fortaleciendo las capacidades de sus operadores para cumplir efectivamente con la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley, favoreciendo siempre las sanciones alternativas y los procesos de reinserción social, y garantizando que los certificados de estudios otorgados no indiquen en ningún caso, la situación de reclusión.

“UNICEF seguirá trabajando con los gobiernos para fortalecer la creación e institucionalización de modelos educativos que sean modulares y pertinentes, para ofrecer servicios que aseguren que todos los y las adolescentes en conflicto con la ley, tengan acceso y ejerzan de manera plena su derecho a la educación”, añadió Erika Strand.