El Congreso de Guerrero aprobó el dictamen de valoración previa que resuelve la improcedencia de la denuncia de responsabilidad política promovida en contra de la presidenta municipal de Mártir de Cuilapan, Felícitas Muñiz Gómez, promovida por Benito Sánchez Ayala, Edelmira del Moral Miranda, María del Rosario López García y Humberto Palacios Celino, síndico y regidores del mismo ayuntamiento, respectivamente. Fundamentó el diputado Saúl Beltrán Orozco.
En el Congreso de Guerrero, se instaló la Comisión Ordinaria de Vivienda, que presidirá la diputada Rosaura Rodríguez Carrillo, integrada por los diputados Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, Antelmo Alvarado García, Flavia García García y Érika Alcaraz Sosa. En su intervención, Rodríguez Carrillo aseguró que “toda familia tiene el derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa, la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”. Atestiguaron la diputada presidenta de la Junta de Coordinación Política, Flor Añorve Ocampo; el Jefe de la oficina de la secretaría de SEDATU, Ramón Sosamontes Herreramoro , la secretaria de Desarrollo Social en el estado, Alicia Zamora Villalba, entre otros.
Diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, que preside Jesús Martínez Martínez, se reunieron con el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Ramón Navarrete Magdaleno, quien solicitó se consideré un incremento presupuestal para dicha institución en el ejercicio fiscal 2017. Estuvieron presentes los legisladores Jonathan Moisés Ensaldo Muñoz, María del Pilar Vadillo Ruiz, Ricardo Mejía Berdeja y María de Jesús Cisneros Martínez.
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