jueves, 19 de enero de 2017

POLICRÓNICA

    Desesperación…La desenfrenada violencia que vive el municipio de Tixtla, es producto de la inutilidad del presidente municipal, Hossein Nabor Guillén del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien ni un dedo mueve,  para lograr la paz y tranquilidad, por ello todos los días los ciudadanos viven con el Jesús en la boca.


Los habitantes del municipio de Tixtla de Guerrero, están desesperados y arrepentidos, confiesan que se equivocaron al elegir al distinguido militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Hossein Nabor Guillén, quien más de un año de gestión frente al Ayuntamiento y ha demostrado que es un auténtico inútil y farsante, no hay día sin reporte de balaceras y muertos. La imparable violencia que sufren las 24 horas los tixtlecos, ya no saben qué hacer, por ello invocan la intervención del presidente de la república el priista Enrique Peña Nieto y del gobernador también del tricolor, Héctor Antonio Astudillo Flores, quien el 3 de octubre del 2016, estuvo en Tixtla, en el marco de su gira por el municipio número 80 visitado. En esa fecha el Gobernador del Estado Héctor Antonio Astudillo Flores y su esposa la Presidenta del DIF Estatal Mercedes Calvo Elizundia, fueron recibidos por el Presidente Municipal Hossein Nabor Guillén y su esposa Arlenne Siu Sarabia y habitantes de Tixtla en la unidad deportiva “Vicente Ramón Guerrero Saldaña”. Ese día el mandatario anunció una serie de acciones para apoyar al gobierno del perredista Hossein Nabor Guillén, y en esa fecha se escuchó muy zalamero  y arrastrado con el visitante, tratando de quedar bien, pero del discurso al hecho, hasta este día, nada ha hecho el alcalde, por el contrario, anda escondiéndose y más cuando los hechos de sangre se registran, que ya son incuantificables. Está comprobado de que Hossein Nabor Guillén es un auténtico mentiroso, porque ha dejado de cumplir con sus principales compromisos con los ciudadanos, como el pago puntual de salarios de los trabajadores, funcionarios y de los integrantes del Cabildo Plural, todavía hace algunas horas muchos de ellos no habían recibido el pago de su primera quincena del 2017. Es una práctica recurrente del alcalde, por ello ha tenido rebelión como la ocurrida el 22 de diciembre  de 2016, cuando elementos de la Policía Municipal y personal de Protección Civil de Tixtla de Guerrero, pararon labores durante la mañana de ese día jueves para exigir al alcalde perredista, Hossein Nabor Guillén, que les pagara la prima vacacional y bono del día del Policía. En esa fecha, desde las 08:30 de la mañana más de 50 elementos de ambas corporaciones pararon labores en el cuartel de esa ciudad, ubicada a un costado de la carretera federal Chilpancingo-Chilapa de Alvarez con la finalidad de presionar al mandatario y les realizara el pago inmediato de los adeudos. Los policías municipales exigieron el pago del Día del Policía por la cantidad de mil 500 pesos por cada elemento de esa corporación. Mientras que el personal de la Secretaría de Protección Civil municipal demandaron el pago de la prima vacacional que corresponde a cinco días de salario. La manifestación duró un poco menos de una hora, por que acudió el director de la Policía Municipal, Aníbal Sánchez y el secretario general del Ayuntamiento, Víctor Hugo Romero Valencia, con quienes dialogaron durante varios minutos. Tras el diálogo entre funcionarios y trabajadores, llegaron al acuerdo que en la primera quincena del mes de enero se realizaría el pago de los mil 500 pesos y la prima vacacional de cinco días de salario, por lo que ambas corporaciones regresaron a laborar. Esto se dio a dos días de que trabajadores del Ayuntamiento de Tixtla, pararon labores durante varias horas el pasado martes, al ser el último día de acuerdo la ley para que les fuera pagado su aguinaldo, sin embargo, les informaron que sería hasta el miércoles su pago, del cual no se ha informado si concretó o no.  Ya estamos en enero, y no ha cumplido con todos los compromisos asumidos por los enviados del alcalde tixtleco. Con la inconformidad de los policías, con la actuación e incumplimiento del alcalde, definitivamente no están obligados a ofrecer seguridad pública en la que se expone su integridad física, pues no hay mayores garantías. Ante esto, los delincuentes del crimen organizado aprovechan la coyuntura de vacío de poder que han en Tixtla con un desgobierno del PRD, tanto que el pasado 4 de enero dos grupos delincuenciales se enfrentaron a balazos, en la que intervino la Policía Estatal y militares,  lográndose detener a cinco involucrados a los que se les aseguró una camioneta blindada y armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano. Eran alrededor de las 13:00 horas  cuando se tuvo conocimiento de esa cruenta balacera en la transitada avenida de los Insurgentes y se dieron a la fuga con rumbo a Apango, fue como se llevó a cabo una persecución en la que durante el trayecto los presuntos delincuentes desde sus vehículos abrieron fuego en repetidas ocasiones en contra de los elementos policiales, mientras que también dispararon contra un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal que se sumó a la búsqueda. Las unidades de tierra le dieron alcance a una Suburban blindada color blanco en la que viajaban aproximadamente seis personas armadas. A poca distancia de la comunidad de Atliaca, se suscitó un breve enfrentamiento, el cual terminó cuando los pistoleros se dispersaron en distintas direcciones con la intención de confundir a los cuerpos de seguridad. En el interior de la unidad los pistoleros dejaron 298 cartuchos calibre .223, así como cuatro cargadores para fusil AR-15, 321 cartuchos calibre 7.62x31 para fusil AK-47 y 20 gramos de hierba verde con características propias de marihuana en greña. Además, la policía encontró tiradas entre la maleza dos armas largas: un Fusil AK-47 y un fusil AR-15, mismo que estaba equipado con un aditamento lanza granadas de 40 milímetros. Con el respaldo de personal militar se fortaleció el operativo de búsqueda y localización de los delincuentes, dando como resultado la detención de cinco presuntos pistoleros. Al momento de su detención se les aseguraron cuatro fusiles AK-47 y dos fusiles AR-15, una pistola Glock calibre 9mm, una granada de mano, 16 cargadores para fusil AR-15, 19 cargadores para fusil AK-47, y dos chalecos antibalas. Ese tarde fueron detenidos Jesús “N”, Francisco “N”, Jesús Enrique “N”, Omar “N” y José Manuel “N”, de los que se anunció que se darían a conocer las fotografías para que en caso de que se les reconozca como autores de otros delitos y fueron turnados a la agencia del Ministerio Público Federal de la Procuraduría General de la República. Cuando apenas se estaban cumpliendo ocho días de todos estos hechos violentos, el pasado  12 de enero, nuevamente  Tixtla se convirtió noticia y escenario del crimen, pues un grupo de hombres armados irrumpió en el barrio del Santiago durante la tarde de ese jueves, donde asesinó a una mujer y a su hija, y prendieron fuego a la vivienda de las víctimas. Hasta el momento se desconocen las identidades de las dos mujeres que fueron asesinadas. Solo se sabe que eran madre e hija y que vivían en el domicilio donde fueron ultimadas a balazos. Los hechos se registraron alrededor de las 16:30 horas sobre la calle Almendros de ese asentamiento humano, ubicado entre el puente y la carretera federal Chilpancingo-Chilapa, a unos 400 metros de la comandancia de la Policía Municipal. Al acudir los elementos de la dirección de Protección Civil del Estado, encontraron una vivienda incendiándose. Tras sofocar las llamas, se percataron que al interior había dos mujeres privadas de la vida, con impactos de balas. Posteriormente la zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal de Tixtla, quienes dieron parte a las autoridades ministeriales para que se realizaran las diligencias y recoger los cadáveres de las dos mujeres. Se tuvo conocimiento por parte de los vecinos, que las dos víctimas eran madre e hija, y un hombre, de quien no dieron mayor información, fue privado de la libertad por el grupo armado que irrumpió en el domicilio. Apenas el miércoles de la semana pasada se suscitó en este municipio un enfrentamiento a balazos en la avenida Insurgentes, una de las principales de la ciudad, donde cuatro personas resultaron heridas y posteriormente tras un fuerte operativo, cinco personas fueron detenidas. En otro hecho, minutos antes de que asesinaran a las dos mujeres, personas armadas que se transportaban en una camioneta privaron de la libertad a dos hombres en el barrio de “El Fortín”, nunca se supo de qué se trataban. Sin embargo el pasado lunes aparecieron en Chilpancingo, seis personas descuartizadas y decapitadas, entre ellos esas dos personas, era el padre e hijo empresarios de Tixtla, mismos que ayer fueron sepultados por sus familiares. Por los hechos violentos del 4 de enero, mediante comunicado de prensa la Procuraduría General de la República (PGR), ayer por la tarde da a conocer que los cinco personas que participaron en un enfrentamiento a balazos contra la Policía Estatal en el poblado de Atliaca, municipio de Tixtla, fueron vinculados a proceso y prisión preventiva. En un comunicado, la PGR informó que a través de la delegación Estatal Guerrero, los cinco sujetos están acusados por los delitos de portación de arma y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército Mexicano, de la Armada de México y Fuerza Aérea, así como la agravante de pandilla. Mencionaron que una vez calificada de legal la detención, el Ministerio Público de la Federación, de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA), procedió a formular imputación contra los cinco implicados. Tal como se dio a conocer en este medio informativo, el pasado 04 de enero del presente año, elementos de la Policía Estatal en coordinación con el Ejército Mexicano, se trasladaron a la comunidad de Atliaca, municipio de Tixtla de Guerrero, luego de recibir el reporte del servicio de emergencias 066, donde les alertaban sobre un enfrentamiento a balazos entre personas civiles armadas. Los uniformados acudieron al lugar, pero al llegar fueron recibidos a balazos y procedieron a repeler la agresión, misma que duró varios minutos y los agresores bajaron de una camioneta para ingresar entre la maleza de un cerro, por lo que los policías y militares realizaron un operativo para su detención. Ante esto, los imputados fueron internados en el Centro de Regional de Reinserción Social del puerto de Acapulco, fijándose un plazo de investigación complementaria de tres meses. Son algunos sucesos  de alto impacto que se han presentado en las últimas semanas en Tixtla desgobernado por el PRD, sin cuantificar otros como el asesinato de policías comunitarios e integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC). Sobre todo estos hechos de sangre, el alcalde perredista Hossein Nabor Guillén, nada ha hecho para proteger a los ciudadanos, quienes están en completo abandono frente al hampa organizada que ha hecho de la cabecera y municipio de Tixtla, en una tierra sin ley, gracias a que se tiene una omisa autoridad. Además no le interesa la seguridad de sus gobernados, porque el alcalde dispone de patrulla y policías municipales que lo resguardan en donde quiera que ande y se le ha visto en Chilpancingo, haciendo su show policial. Eso se llama desvío de elementos policiacos que se supone deberían estar ofreciendo seguridad a los ciudadanos, no al presidente municipal como ocurre hoy en día en Tixtla…Desvío…Hay por lo menos un intento de demostrar que no hay complicidad, ni se pretende solapar a corruptos  de ex gobernadores en el vecino estado de Michoacán, pues el actual del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Silvano Aureoles Conejo, ya interpuso denuncias por el delito de desvío en contra de al menos tres ex mandatarios Salvador Jara Guerrero, Jesús Reyna  García y Fausto Vallejo Figueroa, los tres últimos exgobernadores de Michoacán, están involucrados en investigaciones por presunto desvío de recursos en el estado. La Secretaría de la Contraloría de Michoacán presentó 10 denuncias penales en contra de los exgobernadores y otros exfuncionarios, por su presunta responsabilidad en el desvío de más de 3 mil 759 millones de pesos y delitos como peculado, fraude y abuso de sus atribuciones. Las denuncias penales fueron presentadas este martes 17 de enero ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Procuraduría General de la República (PGR).La secretaria de la Contraloría de Michoacán, Silvia Estrada Esquivel, detalló que se detectaron irregularidades, como la falta de pago en el fondo de aportaciones de pensionados, donde el daño patrimonial asciende a 92 millones 155 mil pesos. También se detectó un faltante de mil 590 millones de pesos en el Instituto de la Vivienda, además de que se certificó la falta de pago de participaciones a los 113 municipios del Fondo General de Participaciones, con daños a los municipios por el orden de los 247 millones de pesos y al erario público estatal por 96 millones 807 mil pesos. Al desglosar las irregularidades encontradas la funcionaria de Michoacán dio a conocer que en 2012 hubo un desvío de mil 594 millones de pesos para el Régimen de Protección Social en Salud y agregó que esto “es sólo el comienzo”, puesto que las irregularidades encontradas hasta ahora corresponden únicamente a lo detectado en el proceso de entrega-recepción del gobierno estatal. Resaltó que existe la presunción de que en áreas como Salud, Educación y Seguridad Pública podrían existir más inconsistencias, las cuales, dijo, serán denunciadas en caso de ser detectadas. Sin mencionar por su nombre a los exgobernadores y a los exfuncionarios involucrados y acusados penalmente, la funcionaria estatal indicó que las irregularidades fueron localizadas entre 2012 y 2015. Señaló que, como parte de las revisiones, se han aplicado sanciones administrativas con inhabilitaciones para los responsables de entre uno y 10 años. Manifestó que una vez iniciado el proceso penal, corresponde ahora a las instancias de procuración de justicia determinar si los casos documentados son judicializados o no. En este sentido, aseguró que se tiene plena confianza tanto en la PGR como en la PGJE.

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