PRIMERA PLANA

 Ley de Seguridad Interior
legalizaría abusos militares

Gloria Leticia Díaz.--Defensores de derechos humanos de Guerrero rechazaron las pretensiones del Congreso de la Unión por aprobar la Ley de Seguridad Interior ante la evidencia del incremento de abusos del Ejército Mexicano en la entidad sureña.

En conferencia de prensa –organizada para anunciar la presentación de una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos–, los directores del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera, y del Centro Regional de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”, Manuel Olivares, sostuvieron que de aprobarse la legislación impulsada desde la Presidencia de la República, se legalizarán los abusos cometidos por las Fuerzas Armadas en todo el país.
Olivares recordó que desde los años 70, durante la guerra sucia, Guerrero ha estado militarizado, lo que ha derivado en graves violaciones a derechos humanos. Agregó que “de los más de 500 desaparecidos de esa época en el estado, gran parte de ellos fueron cometidos por miembros del Ejército”.
Al señalar que en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa “cada vez se tiene más información del papel que jugó el Ejército en ese caso tan grave”, Olivares resaltó que ante la violencia que persiste en Guerrero, “es claro que la militarización del estado no está pensada en combatir al narcotráfico, sino que es una estrategia contrainsurgente, para combatir la inconformidad ciudadana, porque los militares no están preparados para la seguridad pública sino para el exterminio; para localizar, ubicar y exterminar a quienes consideren su enemigo”.
El defensor del Centro “José María Morelos y Pavón” añadió que otro ejemplo reciente de la inoperancia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad es la situación que prevalece en Chilapa, municipio con fuerte presencia militar, donde en el último año se registraron 41 desaparecidos, 146 asesinados y 56 cuerpos rescatados en fosas clandestinas.
Detalló que “en mayo de 2015, 30 personas fueron sacadas de sus casas por hombres armados, la gente acudió a los militares que rondaban las calles y les pidieron ayuda para rescatar a los secuestrados. Sin embargo, los soldados se negaron a prestar auxilio, alegando que eso no era parte de sus funciones y hasta ahora esas 30 personas siguen desaparecidas”.
Ante la ineficiencia del Ejército para hacerse cargo de la seguridad pública, Manuel Olivares consideró que “no es que los militares se sientan mal andando en las calles, ellos quieren una Ley de Seguridad Interior no para realizar el trabajo de seguridad, quieren un marco legal para seguir cometiendo torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. Aprobar esa ley es firmar un cheque en blanco, dar garantías de impunidad a los militares”.
“Población quedará indefensa”
Por su parte, Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, aseguró que de aprobarse dicha ley, “se dejará en estado de indefensión a la población”. Y es que, dijo, Guerrero es una muestra palpable de que la militarización no es la salida para combatir el crimen.
Al señalar que en la entidad sureña se han reportado varios casos de violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército, apuntó que “en los hechos las autoridades civiles están supeditadas a lo que digan los militares. Y si cometen delitos, nadie investiga,  porque además ellos se encargan de sembrar pruebas y proteger a los perpetradores del uso letal de la fuerza”.
El abogado aseguró que en el litigio de casos graves, organizaciones de derechos humanos como Tlachinollan han constatado que “las autoridades civiles temen a los militares e incluso los jueces se someten a ellos, les tienen miedo, no hay autoridad que los controle”.
Para Barrera Hernández, los legisladores que pretenden aprobar la iniciativa presidencial que pone en manos del Ejército el control de la seguridad, “no están atendiendo el clamor de las víctimas que han sufrido los abusos bajo el supuesto combate del narcotráfico”.
Ambos defensores de derechos humanos insistieron en que los legisladores deben voltear a ver a Guerrero para comprender que la militarización de la seguridad pública no es el camino para combatir la inseguridad y al crimen organizado.
Minutos antes de estas declaraciones, los defensores anunciaron la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del caso de la ejecución extrajudicial del indígena Bonfilio Rubio Villegas cometida por miembros del Ejército en Guerrero. (proceso.com.mx).