NOTA

Historial de abusos del
Ejército en Gro.: ONG’s
Bernardo Torres.--Organismos defensores de derechos humanos consideraron que el historial de abusos cometidos por elementos del Ejército Mexicano en Guerrero, podrían frenar el avance de la Ley de Seguridad Interior, la cual está siendo discutida en el Congreso de la Unión.
En el Foro de discusión denominado “Seguridad o Derechos Humanos: una Falsa Dicotomía”, que se llevó a cabo en el auditorio de maestrías de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero, organizaciones y víctimas, manifestaron
su preocupación ante los parámetros con los que se planeta regir a las fuerzas armadas.
Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, abrieron la exposición de casos, en los que ha participado el Ejército Mexicano, quienes insistieron en que sean abiertos los cuarteles, para buscar a sus hijos, a más de 30 meses de que fueron desaparecidos.
También acudió como exponente de las violaciones a derechos humanos por parte del Ejército, Tita Radilla, hija de Rosendo Radilla, desaparecido por militares en un retén el 25 de agosto de 1974, a quien jamás se le volvió a ver y el caso fue llevado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que confirmó la participación de las fuerzas armadas.
Inés y valentina, víctimas de otro caso emblemático que fue llevado a las máximas instancias de impartición de justicia, también relataron en este foro, la travesía que realizaron, tras ser violadas por elementos del Ejército en el municipio de Ayutla, Costa Chica de Guerrero.
Bernardino García, sobreviviente de la masacre del Charco, en el municipio de Ayutla, relató uno de los casos más claros de la participación del Ejército, en el asesinato de decenas de campesinos, que se organizaban para emprender una lucha armada en defensa de su territorio.
Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de Tlachinollan, consideró que con esta serie de casos que ya han sido expuestos en reuniones con legisladores que están impulsando esta iniciativa de ley, se logre frenar o por lo menos modificar los términos en que se ha planteado.
“La mejor manera de poder sopesar las implicaciones de una ley es el testimonio de quienes han sufrido en carne propia o de un familiar los estragos de la militarización, ahí están los casos de desaparición desde la guerra sucia, de ejecuciones, en el Charco y de tortura sexual”.
Por razones como estas, dijo, que la militarización en Guerrero desde hace más de 45 años, y los operativos que se han hecho conjuntos, son una muestra de la estrategia fallida de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto de abatir la delincuencia.
El objetivo de este tipo de foros, expuso, es un llamado a los legisladores a que se abra el debate a organizaciones de derechos humanos, a la sociedad civil, que se presenten experiencias comparadas a lo que ha pasado en otros países con la militarización a fin de que no se legisle precipitadamente.
“De nada ha servido que los militares hayan asumido tareas de seguridad pública en el Estado si los niveles de violencia siguen aumentando exponencialmente cada día. Las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos siguen ubicando como uno de los Estados más violentos del País”, expuso.
La prueba está en los dramas de violencia que se viven en municipios como Chilapa, Tixtla, Chilpancingo, Acapulco, San Miguel Totolapan, Iguala, de cómo los grupos del crimen organizado se han adueñado de las instituciones y ejercen un control territorial imponiendo sus reglas y autogobierno.
Las organizaciones y víctimas, expusieron su total oposición ante una Ley de Seguridad Interior que otorgue a las fuerzas armadas facultades de policía y siga privilegiando la militarización de la seguridad, creando estados de excepción y que deje intocado el sistema de corrupción e impunidad que impera en los cuerpos de seguridad estatal para que sigan protegiendo a la clase política vinculada con el crimen organizado. (API).