martes, 4 de abril de 2017

NOTA

Tras perderse un cadáver en fosa,
exhibe violación a normas en Aca

Ezequiel Flores Contreras.--La batalla legal de un padre que busca a su hijo desaparecido hace cuatro años, exhibió el primer caso documentado sobre la pérdida de un cadáver que oficialmente se encontraba en una fosa común ubicada en Acapulco, donde el gobierno estatal ha inhumado desde 2010 y de manera inadecuada -sin cadena de custodia, apilados y cubiertos con tierra-, un número indeterminado de restos humanos que permanecen sin identificar en el principal destino turístico de la entidad colapsado por la violencia, impunidad y corrupción.
Este hecho refleja la indiferencia del gobierno del priista Héctor Antonio Astudillo Flores frente al drama de cientos de familias en la entidad y las deficiencias en la Fiscalía General del estado (FGE), y el Servicio Médico Forense que depende de la Secretaría de Salud estatal
(Ssa), donde los trabajadores carecen de equipo, material, capacitación y personal especializado para garantizar el derecho de las víctimas que siguen buscando a sus desaparecidos en fosas clandestinas y el laberinto burocrático institucional.
LA FOSA COMÚN DE ACAPULCO
El pasado jueves 9 y viernes 10 de marzo, autoridades ministeriales estatales realizaron una diligencia de exhumación cadavérica en una fosa común ubicada en el panteón municipal de El palmar, obligados por la infatigable lucha del profesor Ciro Fuentes Urióstegui para encontrar a su hijo Héctor Alonso Fuentes Vega, un joven profesor de secundaria desaparecido en abril de 2013, cuando tenía 26 años.
De acuerdo al testimonio de Fuentes Urióstegui y pruebas documentales recopiladas por Proceso, los funcionarios de la FGE -agentes del Ministerio Público del Fuero Común y peritos-, violaron flagrantemente todas las normas del nuevo sistema de justicia penal y en particular el Protocolo para el tratamiento e identificación forense.
Entre las irregularidades denunciadas por las víctimas destaca el hecho de que los trabajadores de la FGE no portaban el traje de bioseguridad para protección del personal y evitar la contaminación del lugar; no preservaron de manera adecuada el lugar de intervención; utilizaron maquinaria pesada para realizar la excavación de la fosa común y nunca existió el equipo interdisciplinario que exige el nuevo sistema de justicia penal.
La diligencia irregular, puso al descubierto 16 bolsas rasgadas de plástico negro “con fragmentos óseos expuestos”, pero los jóvenes sepultureros que fungieron como “peritos en antropología forense” auxiliares del Ministerio Público del fuero común, no encontraron los restos humanos de una bolsa marcada con el número 19 y que oficialmente fue inhumada en la fosa común desde 2014, explicó el profesor Ciro Fuentes.
De acuerdo a un dictamen parcial del Laboratorio de Genética Forense de la FGE, los restos de esta bolsa que paradójicamente está desaparecida, coinciden en un 99 por ciento con el perfil genético del profesor Ciro Fuentes por lo que había sido informado que existían probabilidades de que se trataba de su hijo desparecido.
Durante la diligencia irregular, el agente del Ministerio Público de la FGE informó a las víctimas que previamente habían sido exhumadas dos bolsas más de esta fosa, porque los restos fueron entregados a otros familiares de desaparecidos mediante la compulsa de los perfiles genéticos.
“Lo que ninguna autoridad de la FGE ha explicado a la fecha es la causa de la desaparición de los restos humanos de la bolsa 19 que oficialmente fueron inhumados en esa fosa común y según un dictamen de genética forense coincide con mi ADN”, expresó el profesor Ciro Fuentes.
Además, dijo que las autoridades ministeriales le informaron que en el panteón municipal de El Palmar de Acapulco, existen más fosas comunes con un número indeterminado de cuerpos porque el gobierno estatal, a través de la FGE ha inhumado de manera de manera irregular restos humanos que permanecen sin identificar desde 2010.
LA BÚSQUEDA DE LOS DESAPARECIDOS
Explicó que la diligencia ministerial que se realizó el jueves 9 de marzo, fue resultado de una prolongada batalla legal enfocada en la búsqueda de su hijo desaparecido, luego de que en 2014 fue notificado por la FGE que su perfil genético coincidía con los de unos restos humanos que ya habían sido inhumados en la fosa común de Acapulco.
No obstante, las autoridades ministeriales se negaron a exhumar los restos para verificar el dictamen de genética forense, sin justificación alguna, señaló.
Al siguiente año, Fuentes Urióstegui denunció su caso ante la Fiscalía especializada de búsqueda de personas desaparecidas de la PGR y dos años después, la dependencia federal ordenó a las autoridades ministeriales estatales realizar la diligencia en la fosa común donde de manera inexplicable no fueron encontrados en el lugar donde oficialmente fueron inhumados.
El padre reprochó la indiferencia del gobierno estatal y federal ante la tragedia humanitaria que se vive en Guerrero y el país por lo que exigió la intervención de organismos internacionales para que revisen los procedimientos de identificación forense que realizan las autoridades, así como las diligencias de exhumación cadavérica en fosas comunes y clandestinas.
También, exigió que las fosas comunes que se encuentran en el panteón municipal porteño sean abiertas para exhumar los cuerpos mediante el cumplimiento de protocolos internacionales de identificación forense y llamó a instituciones universitarias a sumarse a estas labores ante la falta de personal capacitado y especializado en la FGE y la Ssa.
LAS DEFICIENCIAS DE LA FISCALÍA
Consultados por separado, trabajadores de la Fiscalía estatal y del Semefo reconocieron las deficiencias de equipo, material básico, capacitación y personal especializado en el nuevo sistema de justicia penal.
Situación que fue calificada como grave porque las autoridades ministeriales y peritos pueden ser sujetos de responsabilidad penal por no cumplir con los protocolos que actualmente se implementan en el país.
En la FGE laboran al menos 12 peritos para cubrir las siete regiones de la entidad y el titular de la dirección de Servicios Periciales, Pedro Ocampo Lara no cuenta con cédula profesional y su único mérito es ser hijo de Pedro Ocampo Solís, secretario privado del gobernador Astudillo Flores.
Los trabajadores consultados por Proceso, refieren que la mayoría de identificaciones cadavéricas se deben más factores externos como prendas de vestir y calzado en lugar de pruebas científicas porque no existen reactivos suficientes para realizar las pruebas genéticas ante la falta de presupuesto que los obliga a comprar su propio material y trabajar en condiciones precarias.
La carencia de material, equipo profesional y personal especializado en el área de periciales, es grave porque la falla en esta parte del proceso jurídico puede anular una investigación completa.
En el caso de los médicos que laboran en las unidades del Semefo es la misma situación porque el área fue proyectada para realizar levantamientos cadavéricos y entregar cuerpos identificados.
Es decir, explicaron los trabajadores consultados, nunca se proyectó al Semefo para manejar los volúmenes de cadáveres no identificados que hoy en día se generan en todas las regiones del estado.
Por ello, el gobierno de Astudillo construyó en medio de la opacidad, un cementerio forense en Chilpancingo al interior de un panteón privado, propiedad del actual dirigente del PRI en la entidad, Heriberto Huicochea Vázquez, donde fueron depositados decenas de cadáveres que permanecían sin identificar en las unidades del Semefo de Iguala de la Independencia, Chilpancingo y Acapulco, recordaron.
Mientras que en el caso del Laboratorio de Genética Forense de la FGE, inaugurado el 28 de mayo del 2010 durante la administración del exgobernador Zeferino Torreblanca Galindo con una inversión de más de 90 millones de pesos, prácticamente trabaja en las mismas circunstancias.
A pesar de que ha sido reinaugurado en varias ocasiones, a la fecha no cuenta con personal especializado para operar el equipo y eso se refleja en la demora de los perfiles genéticos, indicaron los trabajadores. (proceso.com.mx).

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