jueves, 27 de abril de 2017

POLICRÓNICA

  31…Se cumplen hoy 31 meses de la cruel desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa y en estos días, se celebran los 91 años de su fundación con diversas actividades, entre ellas la exigencia de la presentación con vida de sus alumnos que no se sabe desde la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre del 2014.

Hasta el día de hoy se están cumpliendo exactamente 31 meses, en la que los padres de familia han luchado incansablemente, han superado muchos obstáculos y agresiones, como el sufrido el pasado martes por la tarde en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación federal, cuando una comisión de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, cuando de repente llegaron granaderos y procedieron a gasearlos sin justificación alguna. Durante este tiempo, los padres de familia han viajado por todo el mundo para dar a conocer lo sucedido, en México han realizado muchas actividades en la que socializan. Es mínimo el avance en torno a las investigaciones, pero sin resultados, lo máximo que ha hecho el Estado Mexicano, es haber fabricado una “verdad histórica”, pero ha sido cuestionada por organismos internacionales. Entendemos que los padres de familia-mujeres y hombres—no se les agota su resistencia para continuar con su incansable lucha por encontrar a sus hijos, por ahora es pura incertidumbre. Mientras sigue la lucha en estos días se celebran los 91 años de la fundación de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos”, pese al dolor por ausencia de sus compañeros y no saben de su paradero, con diversas actividades. Al cumplirse hoy 27 de abril,  31 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) mantiene pendientes que ayudarían a dar con el destino final de los jóvenes. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que coadyuvó con la Procuraduría General de la República (PGR) recomendó realizar una serie de detenciones y diligencias, sin embargo, los aseguramientos de los presuntos implicados y los peritajes han fluido con lentitud han sido lentos. En el último año sólo han sido detenidos tres personas presuntamente relacionadas con la desaparición y todavía resta por aprehender a otros más. El 5 de junio de 2016 fue detenido Alejandro Palacios Benítez “El Cholo Palacios” cuando salía de un hospital de la colonia Roma en la Ciudad de México; y el 21 de octubre de 2016 fue detenido Felipe Flores Salgado, ex jefe de la policía municipal de Iguala y quien estuvo dos años prófugo. Tuvieron que pasar seis meses para la siguiente detención, el 25 de abril de 2017 fue capturado Walter Deloya “El W” o el “El Medusa”, presunto líder de plaza en Huitzuco de Guerreros Unidos e implicado en la desaparición de los normalista. De todos los detenidos por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa no hay alguna persona procesada por “desaparición forzada”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reveló que “desde diciembre de 2015 no se ha presentado ninguna nueva acusación” dentro de la investigación de la PGR. Padres de los normalistas de Ayozinapa denunciaron que al menos tres teléfonos celulares de los estudiantes desaparecidos desde el septiembre de 2014, les fueron encontrados a policías de Iguala y la PGR no ha investigado a los elementos municipales. “Si ya tienen los nombra de los policías municipales que estaban utilizando los teléfonos de los muchachos, de los estudiantes, si ya tienen los nombres entonces lo tendrían que haber detenido y no lo han hecho nada”, señaló Epifanio Álvarez, padre de Jorge Álvarez, uno de los normalistas desaparecidos. Además de la investigación de la telefonía, aún falta que la PGR determine quiénes son “Caminante” y “El Patrón” señalados en la investigación como los coordinadores de la desaparición de los normalistas. En su segunda visita del Mecanismo de Seguimiento de Ayotzinapa, la CIDH solicitó al gobierno mexicano investigar el involucramiento del Ejército, Policía Federal y autoridades de distintos órdenes de gobierno en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, lo cual ya lo había solicitado el GIEI en abril 2016.…Oportuno…Al estar cumpliendo hoy exactamente 18 meses de estar al frente del Poder Ejecutivo  del estado de Guerrero, Héctor Antonio Astudillo Flores, no está entendiendo el mensaje que le está mandando el Poder Legislativo. En este año y medio de gestión, debe tomar medidas drásticas, en hacer los cambios necesarios, porque está comprobado que ha estado gobernando solo, sin equipo, lo tiene pero está de “palo”, porque no hace nada, no propone y actúa para fortalecer la administración Astudillista. Los 46 diputados de la LXI legislatura del Congreso local, le están mandando recados y no lo analiza a conciencia para tomar mejores decisiones. Ya es el momento para que Héctor Antonio Astudillo Flores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), realmente haga un gabinete con personas de su propio grupo político, a los demás ya les dio la oportunidad, por lo tanto, es el tiempo para que se los sacuda de una vez por todas. Ya se demostró que las personas de otros grupos no son institucionales, son convenencieros y a quienes les rinden cuentas sin dilación, son precisamente a sus jefes políticos de grupos. Por ello hay mucho desacierto en el gabinete Astudillista y si entiende perfectamente los mensajes, es hora de que pretexte de que el Congreso local, le está haciendo recomendaciones, por ende está tomando firmemente decisiones y llevar a cabo una verdadera purga de colaboradores colados y recomendados. El pasado 18 de abril, en la sesión de la LXI legislatura local del Honorable Congreso del estado, hizo muchas observaciones y sugerencias al gobernador priista Astudillo Flores. Todo esto, es derivado de los hechos de violencia que repuntaron en la primer semana del periodo vacacional de Semana Santa, la planearía legislativa aprobó por unanimidad exhortar al Gobernador del Estado hacer los cambios necesarios para garantizar a los guerrerenses un clima de paz y tranquilidad, a través de la disminución de los  índices delincuenciales en todo el territorio estatal. Hasta este 27 de abril por la mañana, cuando está cumpliendo exactamente 18 meses, no hemos escuchado algún posicionamiento o acción de Astudillo Flores, como que no está captando los recados que le están mandando los legisladores de todos los partidos políticos, como una forma de ayudar a sanear y gobernar Guerrero con mucha certidumbre. Durante la sesión del 18  pasado llamaron al mandatario Héctor Antonio Astudillo Flores, instruir al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, para que busque los mecanismos de coordinación con el Gobierno Federal para que se reevalúe la política pública en materia de seguridad. Asimismo, el Congreso local exhortó al Fiscal General del Estado, Xavier Ignacio Olea Peláez, realice las investigaciones necesarias y se coordine con la Procuraduría General de la República (PGR), para que se castigue a quienes perpetraron los homicidios de los perredistas Ambrosio Soto Duarte, ex alcalde de Altamirano;  Roger Arellano Sotelo, ex diputado local y ex presidente municipal de Canuto Neri (Acapetlahuaya), y del dirigente local en ese mismo municipio,  Octavio Arellano Eloísa, así como del priista, Modesto Carranza Catalán y del periodista Cecilio Pineda Brito. Si realmente no entiende los mensajes el mandatario, seguirá teniendo más desaciertos, que aciertos. Por ello, los integrantes de la LXI legislatura, tomaron un punto de acuerdo mismo que fue presentado por la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD),  y como pocas veces, tuvo el respaldo de las bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que al tener mayoría, generalmente bloquean exhortos que afecten la imagen del Gobernador priista Héctor Antonio Astudillo Flores, y de su administración. Pero también son pocas las veces que el sol azteca a través de sus diputados exponen con responsabilidad y reflexivos los temas para exhortar al mandatario, y en esta ocasión, creemos que los diputados, al menos los que subieron a tribuna, se les escuchó maduramente y muy propositivos. Durante la sesión ordinaria del martes 18 de abril, luego del pase de lista y del orden del día, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Flor Añorve Ocampo pidió a la Mesa Directiva un minuto de silencio por el asesinato del exdiputado Roger Arellano Sotelo y del suplente del distrito 1, el priista Modesto Carranza Catalán. A nombre de la fracción del PRD, subió a tribuna la perredista Eloísa Hernández Valle, quien dijo que el no combatir de manera integral y eficiente la situación de inseguridad que se vive en el Estado, tiene consecuencias graves, como es el aumento en los índices de corrupción y la impunidad, así como el aumento de la violencia y su perpetuación. La legisladora enfatizó que la delincuencia se está apoderando del sistema de vida, donde los guerrerenses están siendo presas de poderes no reconocidos por el sistema social,  lo que está ocasionando una ruptura del contrato social. Con ello hizo el recuento de los hechos violentos que han acontecido  en los últimos días en Guerrero.  Reprochó que en el Sistema de Administración y Procuración de Justicia no se ven avances, cuando el nuevo Sistema Penal Acusatorio es altamente vulnerable y permite la liberación de acusados por tecnicismos legales. Por lo que señalaron que el gobierno bebe reconocer que los índices de criminalidad no han bajado, y que no existe un sólo municipio en Guerrero que pueda decirse que no sufre de delincuencia.

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