COLUMNA

Fuego Político

Enrique González Guerrero
22% policías estatales no son aptos para desempeñar sus funciones.*En los municipios el 44% no son aptos.*155 escoltas destinados a funcionarios con cargo al estado.
En materia  de seguridad pública en el estado se han realizado los exámenes de salud y de confianza a todas las corporaciones de seguridad en sus dos niveles y de la policía ministerial, obteniéndose  los siguientes resultados: tres mil 987 policías estatales de estos solo aprobaron sus dos exámenes tres  mil 122,  es decir el 78  por ciento; el 22  por ciento  resultó no apto para desempeñar tareas que demanda la ciudadanía, en la Fiscalía General del estado mil 396, solo aprobaron 852 que representan el 61 por ciento; 319 resultaron reprobados, se hicieron estos mismos exámenes a las  corporaciones policiacas de los 81 municipios que suman cuatro mil 582 elementos de ellas solo resultaron aptos dos mil  590 policías que representan el 56.7  por ciento y  mil 379 resultaron no estar en condiciones

para realizar tareas de seguridad en los municipios. Este es el trabajo del gobierno del estado que está realizando para certificar a todos los cuerpos seguridad, para evitar la impunidad con la que se movían las organizaciones del crimen organizado en el interior,  de la misma forma sanear a las policías de la filtración que han sido objeto a  la propia fiscalía. De acuerdo a la información del propio consejo muchos policías no alcanzaron certificarse por su edad y enfermedades crónicas que padecen, lo que indica que el porcentaje de confianza en esta corporación es aprobatorio, a pesar de la posible complicidad y omisión en la desaparición de los 43 estudiantes de la normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa que fueron acusados en el momento de los hechos; por lo que hoy se puede confiar en esta corporación, los resultados indican que han pasado la prueba de fuego y solo hace falta eficientarla, incrementarla y fusionarla a la sociedad de la cual estuvo ausente por la omisión y corrupción que fueron objeto, aumentaría en su número  para dar mayor cobertura en el estado; dado que 180 policías están comisionados al resguardo de 58 particulares por acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos y 155 son escoltas de funcionarios de la administración y exgobernadores que representan el 10.7 por ciento y solo el dos mil 772 elementos se dedican a resguardar a 3 millones 500 mil 251 guerrerenses cada policía tiene a su cago mil 274  ciudadanos, situación que demanda más elementos para salvaguardar las actividades en todo el estado, por eso hoy son apaga fuego en los municipios y zonas donde el crimen organizado libra una constante batalla por el posicionamiento de áreas de siembra y rutas de trasiego de droga. Si bien es cierto que los números son alentadores, esta información que las autoridades dan, esta también se debe tomar con sumo cuidado, que verticalmente  indica que el gobernador está dando resultados al gobierno federal  y la sociedad en cuanto a la depuración y capacitación de la policía estatal, sin embargo en la fiscalía las cosas no andan bien, los datos que el propio consejo obtuvo  como resultados es deficiente en la certificación de la policía ministerial donde solo el 61  por ciento son aptos para los trabajos que demanda esta dependencia de investigación, la cual el congreso y el gobernador deben de poner más atención, pues es una de las más señaladas de estar  coludida con el crimen organizado y es la corporación con más demandas por violación a las garantías individuales, su número y la capacitación de los elementos debe ser una tarea para eficientarla y reclutar más personal para sacar adelante todas los asuntos que traen de cabeza al fiscal que a cada rato piden su salida de la fiscalía por incompetente, en el entendido que a la sociedad no le importa cuánto personal tiene para resolver la problemática, la ciudadanía exige trabajo y resultados y la fiscalía es su obligación ser  competente, pues el personal no debe ser excusa de ninguna manera. Los indicadores de la fiscalía debe ser una preocupación constante por los deficientes resultados obtenidos, pero aún debe de preocuparse más y ponerse a trabajar  de inmediato el congreso y el gobierno por la situación que pasan las policías municipales que en la evaluación solo obtuvieron el 56.5 %, corporaciones que se han visto involucradas con el crimen organizado, Iguala donde esta  servía con toda su estructura al crimen organizado, Chilapa de Álvarez donde se libra una batalla por el posicionamiento de esta importante ciudad, Acapulco municipio que el mismo secretario del gobierno federal conmino al presidente municipal que si no sacaba  a su secretario de seguridad le retirarían el apoyo federal, esta  omisión hizo que se hiciera público que muchos policías eran miembros de las organizaciones criminales, Cocula otro municipio que varios policías están procesados por delincuencia organizada, Acapetlahuaya municipio que por información de la ciudadanía se sabe que no hay policías municipales, la pegunta es donde está el dinero que recibe el presidente municipal, y Zihuatanejo que recientemente fueron ocupadas las instalaciones de la policía municipal por el ejército, la marina y la policía estatal acción que tuvo como resultado el encarcelamiento de 20 miembros de la delincuencia organizada que portaban armas y uniformes, quienes actuaban desde esta corporación Usurpando funciones. Los resultados con que cuenta el consejo de seguridad del estado deben de ser la base para llamar a todos los presidentes municipales y exigirles que cumplan con la ley y reglamentos a que son sujetos para el otorgamiento del presupuesto que reciben, el cual el congreso aprueba para cada uno y el gobernador debe exhortarlos a que cumpla con su deberes y dejen de cargar al gobierno del estado y federal sus desmanes que son provocados por la omisión y corrupción que tienen en sus cuerpos de seguridad y que ellos muchas veces son también parte de este problema, solo la certificación de estas corporaciones ara posible la horizontalidad que demanda la verticalidad de las corporaciones especializadas en el combate a las organizaciones del crimen organizado, ese debe de ser el objetivo para que cualquier estrategia cierre la pinza que el estado necesita para tener contundencia en la inhibición y combate a las organizaciones de la delincuencia organizada; es la hora de exigirles a los alcaldes que de manera indebida se la han llevado de muertito, aludiendo que el tráfico y venta de drogas son asuntos federales y que no les corresponde, esta omisión y este amasiato que se ha dado en algunos municipio se debe romper para que no regrese otro golpe como el de iguala o  de otro caso como el de Zihuatanejo.