miércoles, 17 de mayo de 2017

POLICRÓNICA

   Cómplice…Destituido por encubrimiento de un sobrino criminal hace 8 años, el doctor Dorio Mora Tapia ahora intenta retornar nuevamente como director del hospital del ISSSTE-Chilpancingo, tanto que ya anda presumiendo que ya lo es, solo falta le den posesión oficialmente.

Creyendo que su deshonestidad y complicidad criminal todo se ha olvidado a la distancia de 8 años de aquel escándalo primero por la golpiza y consecuencia de está la muerte de una joven periodista que tenía mucho futuro por delante, pero esas manos criminales dejaron en la orfandad a un niño de escasos cinco años hoy en día ya es un adolecente. El 13 de agosto del 2009, el entonces director de la clínica, ahora hospital del Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del estado (ISSSTE) en Chilpancingo, el médico cirujano general, Dorio Mora Tapia, fue rescindido laboralmente, 12 días después de que se hizo pública su participación –en la modalidad de encubrimiento– en las agresiones de que fuera víctima la reportera de la Dirección General de Comunicación Social del gobierno del estado, en ese entonces lo encabezaba el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la persona del pedante empresario Carlos Zeferino Torreblanca Galindo. En ese tiempo, María del Carmen Santiago Hernández, tenía como pareja a Ramón Rubén Mora Peralta, profesor de Educación Física, sobrino del funcionario, en la que éste sujeto en un arranque de locura agredió a la indefensa mujer. La agresión había ocurrido el 25 de julio de 2009 y le había provocado, de acuerdo al diagnóstico: traumatismo craneoencefálico y edema que produjo infarto cerebral y desprendimiento de masa encefálica, por lo que fue internada y estuvo un buen tiempo hospitalizada, llegando al extremo de canalizarla en coma inducida. Por estos hechos reprobables, un grupo de mujeres periodistas con presión, obligaron  al Agente del Ministerio Público integrar la averiguación previa SEIFSSVI/027/2009 por los delitos de privación ilegal de la libertad, lesiones agravadas, omisión de cuidados y lo que resulte en contra de su agresor. Por ello es que fue detenido el golpeador de mujeres, Ramón Rubén Mora Peralta, y el juez de la causa de ese tiempo,  le impuso una fianza de 280 mil pesos, pero como su familia es influyente logró que se la disminuyeran en 80 mil pesos y salió en libertad. Recordamos que el entonces delegado en Guerrero del ISSSTE, Alberto Nava Salgado,  en ese momento informó que se había dado procedimiento en contra del doctor Mora Tapia, por lo que  quedaba “total y definitivamente” separado como director de la clínica “para poder avanzar en el esclarecimiento de los acontecimientos”. También dijo en aquel momento que se daría curso a la denuncia administrativa ante el órgano de control interno del ISSSTE, y en caso de que se demostrara su responsabilidad de encubrimiento de su sobrino, sería esta instancia la que determinara qué sanción aplicaría. Desde luego como lo dijo el mismo delegado, sería una sanción  administrativa, por lo tanto, nunca se conoció  si realmente fue sancionado, por lo que se sobre entiende quedó en la impunidad, tanto que sigue trabajando en el ISSSTE y ahora pretende regresar por sus fueros para completar su rapiña inconclusa, provocada por su incómodo sobrino. En aquel negro episodio  Mora Tapia fue responsabilizado de permitir que su sobrino Rubén Mora Peralta se llevara a Santiago Hernández sin haber sido dada de alta, a pesar de que debido a los golpes, sufrió cuatro fracturas en el cráneo y “hoy se encuentra en coma inducido en el hospital Adolfo López Mateos, de la ciudad de México”.  Aquel año, Nava Salgado dijo que fue una instrucción del director general llevar a cabo la separación del director, y aseguró que éste no mantenía ninguna relación laboral ya con el instituto, pero está obligado a responder si el órgano interno de control encuentra responsabilidades en su actuación. Pero el delegado le salió la nariz de Pinocho, porque en ese año, se había consultado la  página del ISSSTE, en la que  Mora Tapia aparecía no en el cargo de director de la clínica, sino como Coordinador de Servicios de Enseñanza en dicha clínica. Salió avante  Santiago Hernández, se reincorporó a sus actividades en la DGCS, en el gobierno del perredista Carlos Zeferino Torreblanca Galindo. Después de tres años de haber sido víctima de violencia de género por su ex pareja, el 20 de abril del 2012—apenas el mes pasado cumplió cinco años de su muerte--, falleció María del Carmen Santiago Hernández, a causa de cáncer de colón, enfermedad que le diagnosticaron los médicos, a consecuencia de la agresión que sufrió el 25 de julio de 2009 por parte del profesor de Educación Física, quien nunca más fue castigado, quedó en total impunidad, gracias a que la justicia en Guerrero se vende al mejor postor. Por haber sido coparticipe de esta negra historia del sobrino, ahora el doctor Dorio Mora Tapia busca afanosamente convertirse nuevamente director del hospital del ISSSTE, y su antecedente es pésimo, porque fomenta la corrupción, la negligencia médica, y quienes practican la holgazanería y el desorden, están a favor de que sea nombrado, pero quienes trabajan y denuncian irregularidades, están en contra de ese posible nombramiento. Antes de que se consuma, los inconformes trabajadores del hospital del ISSSTE-Chilpancingo, le advierten al delegado en Guerrero, Mario Moreno Arcos, que antes de tomar una decisión, debe saber los antecedentes del galeno, entre ellos penales, relacionados hasta con una averiguación previa, ahora conocidas con el nuevo sistema penal “Carpeta de Investigación” que no son nada recomendables para que vuelva a ocupar una responsabilidad, pues es adicto a la irresponsabilidad médica. Debe saber el delegado federal, que el médico cirujano general, nunca trabaja en la clínica del ISSSTE, solo  cobra puntualmente 22 mil pesos mensuales, solo por ir a checar a las ocho de la mañana, regresa a las 12 del día y sale a las 14 horas. Todo el tiempo está en su consultorio particular, en donde hace más dinero, que estar cubriendo sus ocho horas de trabajo como médico del ISSSTE. El priista Moreno Arcos, si tiene en mente nombrar al nuevo director del hospital ISSSTE, que sea otro, menos una persona con negros antecedentes, y para que sea más democrático, es necesario que realicen un sondeo entre la base trabajadora y saque al mejor elemento, y cumpla su palabra de que mejoraría la infraestructura y la atención médica a los derechohabientes. Antes de expedir un nombramiento el ex alcalde de Chilpancingo, está obligado a investigar los antecedentes a fin de que efectivamente quien llegue a ocupar el cargo de director, sea persona honorable, honesta y trabajadora, porque si ponen a un holgazán como Dorio Mora Tapia, quien en lugar de ayudarlo en resolver los múltiples problemas y denuncias de los derechohabientes que se registran a diario, se los complicará y le generará más desavenencias. Entonces tampoco podrá cumplir con lo ofrecido en su toma de posesión en Acapulco, en donde comenzó bien al entregar créditos personales a la base trabajadora al servicio del gobierno federal.…Ayotzinapa…No hay cambios de  la política gubernamental, principalmente la federal, contra la existencia de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos”, pero se ha intensificado desde la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala de la Independencia, cuando desaparecen los 43 normalistas, que hasta la fecha no aparecen. De ese tiempo a la fecha, no hay día que el gobierno estatal y federal no mantengan un monitoreo permanente de sus movimientos. A consecuencia de la desaparición de los 43, también ha sufrido la baja de matrícula de ingresos a la rural. Apenas a finales del mes de abril, se dio a conocer el retiro como director de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, José Luis Hernández Rivera quien alertó que a raíz de los sucesos de la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, donde ocurrió la desaparición de 43 estudiantes, “la escuela (de Ayotzinapa) estuvo a punto de cerrar”. Es un dato, que nadie sabía, solamente ellos que están inmersos, sin embargo “Se dio una gran lucha en la escuela, marchas con más de 200 mil personas, pero cuatro meses y fracción, sí, no había actividades académicas, la escuela corría el peligro de desaparecer; los estudiantes platicaron con los padres de familia y junto con autoridades federales donde se acordó reanudar los trabajos sin que se prohibiera seguir luchando por los estudiantes desaparecidos”, explicó el ahora ex director, quien también reveló que la matricula en la normal rural “ha disminuido”, tras los hechos de Iguala de la Independencia, y afirmó que se trata de “una tragedia muy dolorosa, muy triste, sus compañeros están esperando que regresen los muchachos y es muy fuerte, se ve en las películas pero la realidad es que 43 jóvenes fueron desaparecidos”. Para que la normal de Ayotzinapa siga vigente como ha sucedido hasta el momento, se necesita la unión de los diversos sectores sociales, para exhortar la aparición de los estudiantes, pues subrayó: “no se ha hecho lo suficiente”, a pesar que, a diferencia de la denominada “guerra sucia”, los medios de comunicación sí están haciendo pública la represión sufrida por los normalistas. Acerca de los grupos delictivos que se rumoró mantenían amenazada a la escuela, José Luis Hernández Rivera negó que hubiera algún tipo de presión sobre los estudiantes o los directivos; aunque afirmó que “estuvo cuestionada la escuela, muy cuestionada”. Sobre la presión jurídica que mantuvo la Procuraduría General de la República (PGR) contra los directivos de la normal, derivado de la desaparición de los 43, refirió que tanto él como el director administrativo y académico, fueron llamados en dos momentos para rendir declaración, “en sesiones de hasta 18 horas”, pero “no pasó a mayores”. A la llegada de Víctor Gerardo Díaz quien asumió desde la semana pasada la dirección; Hernández Rivera puntualizó que llevaba en el cargo cuatro años con seis meses, además de su primer periodo por nueve meses; “inclusive más tiempo que el segundo director y fundador de la escuela, Raúl Isidro Burgos, quien tuvo el cargo cuatro años y fracción”.…Reclamo…Ha llegado la indignación en el extremo de los periodistas ante la imparable violencia y asesinato en contra de los comunicadores. Esto quedó demostrado ayer cuando algunos periodistas le hicieron un frontal reclamo al gobernador del estado de Sinaloa del Partido Revolucionario Institucional. El día de ayer en aquel estado del norte, como en el resto del país, los comunicadores sociales, se movilizaron y protestaron contra la impunidad e inseguridad pública. Exigieron seguridad, garantías para ejercer el periodismo en todo México, para ello en varias ciudades del país, se estuvieron manifestando, luego de que el lunes al mediodía, fuera asesinado el periodista y escritor sinaloense, Javier Valdez Cárdenas. Ante la rabia mostrada,  entre el grupo de reporteros de Sinaloa, hubo algunos que directamente recriminaron ayer martes al Gobernador del estado el priista, Quirino Ordaz Coppel, por el asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas, ocurrido el lunes en calles de Culiacán. “No venimos a pedirle nada a este Gobernador, carajo, lo que venimos a decirle es que o es cómplice o inepto, un asesino, como esos. Para ser periodistas les hace falta mucho, les hace falta lo que tenía Javier, carajo. Eso es lo que tenemos que exigir aquí y ahora. “Señor Gobernador, o es cómplice o es un imbécil, porque es lo que ha estado promoviendo en este país este Gobierno federal y este Gobierno del estado”, reclamó uno de los reporteros en el encuentro que sostuvo Quirinon  Ordaz con la prensa en el Palacio de Gobierno. Su reclamo fue aplaudido por el resto de los reporteros, mientras se escuchaba a otra persona pedir respeto. “Compañeros, hay que respetar”. El Gobernador, de fracción priista, accedió a reunirse con el gremio después de una protesta que reporteros realizaron afuera del recinto con sede en Culiacán, donde le gritaron que diera la cara, que bajara a la explanada a atenderlos. “Baja Quirino, baja Quirino, para que nos atiendas”. Primero, los periodistas fueron atendidos por el Subsecretario de Gobierno, Antonio Castañeda y el titular de comunicación social, Alberto Camacho, quienes les dijeron que Ordaz Coppel no se encontraba. Los periodistas no esperaron más y entraron al edificio. Subieron al despacho del Gobernador, en el tercer piso de la dependencia, y luego de gritar que quería ver a Quirino Ordaz Coppel, fueron recibidos por el mandatario en el auditorio. Los reporteros le exigieron que no sea cómplice del asesinato de Javier Valdez Cárdenas, quien el lunes se concretó en el séptimo periodista asesinado en lo que va del año. Asimismo, le exigieron el pronto esclarecimiento del caso y su renuncia, si es que las agresiones contra el gremio en ese estado continúan. Luego de que algunos de los representantes de los medios externaron sus exigencias, Quirino Ordaz les dijo: “Estoy igual de indignado que ustedes y sufro el mismo dolor, tuve la fortuna de haberlo conocido”. El Gobernador externó que él también quiere que llegue la tranquilidad a Sinaloa, “ni busco excusas, ni culpables. Yo desconocía con lo que se contaba en la policía para atacar la delincuencia cuando llegué al Gobierno”, además, precisó que los apoyos por parte de la federación no son suficientes. “Todo lo que haya que hacer esclarecer este crimen, si es preciso se realizará una fiscalía especial para este caso, con recursos para que tengamos los medios y herramientas para resolver esto”, se comprometió el Gobernador.  El asesinato de Valdez se suma, este año, a los de Cecilio Pineda, Ricardo Monlui, Miroslava Breach, Máximo Rodríguez y Filiberto Álvarez en México. En el sexenio de Enrique Peña Nieto al menos 89 voces se han callado. Este martes la prensa mexicana rechazó la violencia en contra de sus colegas ultimados. En la Ciudad de México, Sinaloa, Quintana Roo, Guerrero y Jalisco se realizan actos de protesta y movilizaciones. Algunos medios optaron por poner en negro su sitio de sitio de internet, con las fotos de los seis periodistas asesinados en México desde marzo, y una exigencia de justicia. Valdez Cárdenas fue abatido ayer en la ciudad de Culiacán, capital del estado de Sinaloa, base del cártel de droga que lleva el mismo nombre y cuyo líder es el narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán. El asesinato tuvo lugar dos días después de que un equipo de siete reporteros fuera atacado por un centenar de hombres armados cerca de la ciudad de Acapetlahuaya, en el estado de Guerrero. Hasta el momento, ninguna persona ha sido detenida por esos seis asesinatos. México es el país más peligroso para la profesión periodística.

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