POLICRÓNICA

Coludidos…Las evidencias contra las policías ministerial, estatal y municipal de Chilpancingo,  se encaminan de que están coludidas con la delincuencia organizada, lamentablemente nadie se atreve a denunciar los hechos porque hay protección de “arriba” para los malosos tanto que se pasean por las avenidas y calles como la camioneta con placas de circulación  HCE5215.

Nuestro equipo de investigaciones especiales logró contactar y platicar con algunos elementos policiacos honestos de las tres policías—ministerial, estatal y municipal— que oficialmente operan en Chilpancingo. En este diálogo, se pudo conocer la versión de elementos activos y otros que ya renunciaron para no ser cómplices porque no quieren exponerse, ni a sus familias, muchos prefieren andar de albañiles, otros de choferes del transporte público y otros más en lo que se pueda como vendedores ambulantes. El comentario  tanto de los que siguen en la nómina gubernamental policial, como los que han abandonado la actividad para buscar la vida menos estridente ante delincuencia. La impunidad de los delincuentes está a la orden del día, se pasean por las calles y avenidas de la capital del estado de Guerrero, sin que nadie los moleste. Nuestro equipo de investigaciones especiales captó con la mirada en pleno día a las 11:15 de la mañana del lunes de la presente semana sobre la avenida “Presidente Benito Juárez” circuló una camioneta blanca  con vidrios polarizados con placas de circulación HCE5215, con hombres armados con rifles de asalto de grueso calibre. El sospecho carro se le vio  por toda la avenida pasando por la parte trasera del palacio municipal en pleno corazón de Chilpancingo, entre los vehículos particulares y del servicio público, pese a que había presencia de patrullas de la policía estatal, todo transcurrió como si nada, se hicieron los occisos. Algunos choferes y pasajeros del transporte público pudieron ver desde  su urvan a esos hombres por el parabrisas que es el vidrio blanco de que en el interior se desplazaban hombres armados, el primero que se alcanzaba a ver, era el copiloto empuñando un rifle de grueso calibre. Entonces lo que nos explican nuestros entrevistados anónimos, no está fuera de la realidad. Los elementos  policiacos que confiaron en nuestro equipo con la condición de que no se daría a conocer su identidad, ofrecieron evidencias comentadas en tanto afirmaron que antes había “luz verde” para combatir a la delincuencia, pero hoy en día no existe ningún respaldo, porque los “jefes” policiacos, ya no dan órdenes para evitar  hechos delictivos. Un policía ministerial que está activo y otro que renunció, coincidieron en señalar que antes los procuradores exigían trabajo, pero el actual  pomposamente llamado Fiscal, Xavier Ignacio Olea Peláez ni siquiera tiene rose o comunicación con los elementos, se mantiene alejado, anda más ocupado con su luna de miel con su nuevo amor. Antes los procuradores nos castigaban si no cumplían las ordenes de aprehensión, pero ahora ni en cuenta, por ello no hay arrestos de delincuentes, porque los jefes no están interesados en el trabajo de investigación y persecución del delito. En estos momentos hay mucho rezago de carpetas de investigación, además en los dos últimos días muchos elementos y personal en general se ha declarado en paro laboral en la Fiscalía General del estado, en demanda del incremento del bono de riesgo que sea de por lo menos dos mil 500 pesos, pero el fiscal eso no le interesa, por lo menos lunes y martes se paralizaron las actividades. Un policía estatal activo y otro que ya renunció, también indicaron que anteriormente el Secretario de Seguridad en turno les exigía trabajo, en cambio el actual Pedro Almazán Cervantes, es cómplice de la delincuencia, porque no ordena arrestarla pese a que se ha demostrado de su actuación de manera impune. El activo de la “Fuerza Estatal” confesó que hace algunos meses  bajaba a bordo de una patrulla con sus elementos por la calle Ayutla, cuando de repente se encontró un convoy de por lo menos 40 camionetas  blancas con hombres armados en pleno día. En esa fecha,  entre sus adentros externó “ahora si nos llevó la chingada, yo como manejaba la patrulla de la policía estatal me agaché e hice que nos los veía, cuando de repente una de estas se nos emparejó y entonces  dije ni modo hasta aquí llegamos, en tanto les recomendé a mis compañeros que guardaran la calma y si había disparos con el poco parque que llevábamos pues les haríamos frente. Pero gracias a Dios, no pasó nada, el chofer de una de las camionetas y que se había adelantado un poco, nos hizo señas con la mano que nos retiráramos y sin pensarlo más nos fuimos del lugar. Luego se tuvo un reporte  de sus compañeros que estaban en otro punto de la ciudad de Chilpancingo indicándoles que no eran 40, sino eran 80 camionetas que se desplazaban con hombres fuertemente armados. Otro par de elementos pero la policía preventiva de la capital, el activo confesó que ahora no van a prestar auxilio cuando se los solicitan los ciudadanos, solo simulan de qué van, pero llegan tarde. El elemento que renunció comentó que prefirió poner tierra de por medio, porque ahora la preventiva sirve para dos cosas, para secuestrar, entregar a las personas a la “maña” como ocurrió hace unas semanas, esto no es nuevo, esto se ha venido haciendo desde hace varios años y otros más hacen labores de “halconeo”. En lugar de seguir haciendo este trabajo, preferí renunciar sin recibir algún pago como finiquito o por retiro, además los jefes ahora ya no ordenan hacer “jales” contra los delincuentes, ahora  nosotros los activos servimos hasta para abrirles el paso, terció otro elemento que escuchaba la conversión. También revelaron los activos y los retirados voluntariamente para no verse involucrados, de que en Chilpancingo, capital del estado de Guerrero se carecen de videocámaras y las existentes en su mayoría están descompuestos desde hace tiempo, por ello tampoco se puede identificar de inmediato a los delincuentes que comente diversos ilícitos, entre ellos los crímenes mismos que no han cesado, pese a que el patrullaje está a cargo de la policía estatal y federal, en tanto los 110 elementos de Seguridad Pública junto con su titular Esteban Espinosa Montoya, quien por cierto está reprobado en control y confianza, están arraigados desde el 4 de enero, y supuestamente se  les investiga por la desaparición de al menos siete, aunque se dice que son más de 20 jóvenes que no aparecen en Chilpancingo desde diciembre hasta los primeros días de enero de este año 2018. Definitivamente  las evidencias apuntan en que los ministeriales, estatales y municipales, se entienden con los del crimen organizado que operan en la capital del estado de Guerrero, Chilpancingo. Hasta podríamos presumir que existe la perversa intención del gobierno municipal que encabeza el suplente priista, Jesús Tejeda Vargas, en no preocuparse por reparar las videocámaras que sigue sin operar en las avenidas y calles de la Ciudad Bravo. Habiendo voluntad política no solo se repararían, sino se comprarían otras más y sería una excelente herramienta para la policía preventiva para combatir a la delincuencia, pero desafortunadamente en su mayoría están inservibles. En tanto sigue imparable los “levantones” ahora le ha tocado al servidor público de Protección Civil estatal, Alfredo Rodríguez Córdoba, quien en plena luz del día y de mañana el pasado lunes después de las 8:30 horas desapareció y hasta el día de hoy se desconoce su paradero. En tanto la tarde del lunes y de ayer martes, fueron asesinadas dos personas a balazos, la primera en el interior de un lavado de automóviles y el último, ayer martes  atrás de la tienda departamental Aurrerá de la zona norte de la capital. Sigue desenfrenada la delincuencia, y solo un uniformado está siendo procesado, cuando todo mundo sabe que fueron  varios grupos de la preventiva que están señalados hasta con videos en los momentos en que tuvieron detenidos a los jóvenes que hoy en día sus familiares exigen justicia para los que fueron encontrados sin vida y los que todavía no saben de su paradero. Mientras no haya mano dura contra los policías que están al servicio de la delincuencia como ya se evidenciaron con declaraciones de activos y renunciados elementos policiacos, no hay más duda, por lo que el Gobierno de Guerrero está obligado a depurar a las corporaciones, detener a los infiltrados y castigarlos ejemplarmente. Pero como existen complicidades desde los mandos de allá “arriba”, no habrá castigo, si no protección, pues a 13 días de la requisa de la Policía Municipal, nada se sabe de esta acción y ni de la situación jurídica más de 100 uniformados junto con su secretario Esteban Montoya. Lo que busca el Gobierno estatal  es que los ciudadanos no se enteren de lo que está ocurriendo con esa corrupta policía y hasta el día de hoy no se ha procedido contra ministeriales señalados directamente y mucho menos los estatales, hoy en día están a cargo de la seguridad de Chilpancingo.…Disparos…Sin pretender justificar la acción de disparar un arma de fuego, pero ante tantos hechos violentos que se registran a diario en Chilpancingo, se intuye de que los ciudadanos comienzan a armarse ante el hartazgo de la inseguridad pública y la indiferencia de los tres niveles de Gobierno. No estamos haciendo apología, ni defendiendo a la persona que sacó su pavorosa pistola, sino que es una advertencia para las autoridades de que los ciudadanos van a recurrir a armarse para hacer frente a cualquier contingencia. Resulta que ayer martes alrededor de las 14 horas cuando intentaba ingresar a las oficinas de educación secundaria de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), ubicadas en el centro de Chilpancingo, un hombre disparó un tiro de arma de fuego al aire para dispersar a un grupo de manifestantes que tomaron las oficinas. Como se sabe, desde las 12 del mediodía, docentes de la CETEG de las regiones Acapulco y Costa Grande, tomaron la Dirección General de Secundarias, oficinas ubicadas en la calle Pedro Asensio en la colonia Centro de Chilpancingo. Los manifestantes demandaron la entrega de horas para sus compañeros y una mesa de trabajo. Sin embargo, alrededor de las 14:00 horas, un hombre intentó ingresar por la fuerza a las oficinas de educación y ante la negativa de los docentes, sacó de entre su ropa un arma corta y realizó un disparo, que provocó una fuerte movilización.  Al lugar llegaron, pero tarde, y como es costumbre Policías del estado, tras entrevistarse con los manifestantes, confirmaron que hubo una agresión. Una de las trabajadoras de la SEG, informó que el pistolero sería un familiar y respondió ante “las provocaciones” de maestros de la CETEG que se encontraban en protesta. De inmediato, fuerzas de seguridad estatal iniciaron un operativo en el centro de la capital para dar con el paradero del agresor de quien ya tienen información. Pero como ya se ha narrado en el tema anterior, simplemente fue una simulación, porque los de la Policía Estatal no están cabalmente al servicio de la sociedad, sino de los delincuentes. Este tema debiera ser un alerta para los tres niveles de Gobierno, de que los ciudadanos ya están llegando al extremo de armarse y cualquier momento y lugar podrán desenfundar su arma contra los que crean que  podrían atentar contra su integridad física. No hay duda de que ya hay ciudadanos armados dispuestos a desenfundarlas  y andan muy estresados y ante la mínima provocación reaccionan violentamente, como ya quedó demostrado ayer martes en pleno centro de la capital del estado con un parroquiano que se sintió agredido al no dejarlo entrar a realizar trámites a una de las oficinas de la SEG. Ojalá que esto no sea motivo para  que otros ciudadanos pacíficos no adopten estas “medidas de seguridad” ante la complacencia de las autoridades policiacas frente a la delincuencia que opera impunemente en Chilpancingo.…Poder…En menos 72 horas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha ordenado la destitución y  llevarlos ante la justicia a tres cabildos en pleno en diversas entidades del país por desacato de amparos y pagos de demandas laborales de trabajadores. En el presente año y a 16 días de iniciar el 2018, los magistrados de la nación ordenaron correr a los ediles. El lunes pasado se conoció que  la orden de la SCJN de la destitución del alcalde de Paraíso, del estado de Tabasco, Bernardo Barradas Ruiz, al resto de regidores y a dos funcionarios, así como su consignación ante un juez federal por incumplir una sentencia de amparo en favor de 23 extrabajadores que exigen pagos de laudos. Tras la ponencia del ministro José Ramón Cossío, se aprobó en sesión el resolutivo leído por el secretario de Acuerdos, Rafael Coello. En el argumento de su ponencia, el ministro expuso que la administración municipal actual sólo había dado pagos que constituyen el 1.8 por ciento del total de lo adeudado a los ex empleados, pues a cada uno de ellos le corresponden pagos de entre uno y 13 millones de pesos, de acuerdo con lo establecido por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. El fallo fue por incumplimiento de la sentencia constitucional del 30 de agosto del juicio de amparo 2745/2012, expediente auxiliar 284/2013, dictada por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la octava región, en auxilio del Juzgado Primero del Estado de Tabasco. Ante ello, se ordenó que con la finalidad de que sean juzgados y sancionados en lo previsto por la Ley de Amparo por desobediencia cometida, se ordenó la separación inmediata del cargo de presidente municipal y primer regidor, al alcalde Bernardo Barrada Ruiz (de filiación perredista). De igual forma al segundo regidor y síndico de Hacienda, María Cruz Frías de la Cruz; al tercer regidor, Asunción Díaz López; al cuarto regidor; Adelaida Romero Hernández; a Antonio Domínguez Márquez, quinto regidor. También a Norma Alicia Vera Avalos, sexta regidora; Ismael Alejandro Peregrino, séptimo regidor; a Cristel Colorado Barjau, octava regidora; a Saúl Magaña Magaña, noveno regidor y a Marian Lisbeth Carrillo Gómez, décima regidora; al director de Programacíon, Ángel Mario Lastra Díaz; y al director de Finanzas, Álvaro López Osorio, todos el municipio de Paraíso. El día de ayer martes la SCJN ordenó la destitución y consignación de los alcaldes y cabildos de Pablo Pérez Maceda de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla y Erwin Javier Castelán Enríquez, munícipe de Coacoalco en el Estado de México. Todo ello al no dar cumplimiento a las sentencias dictadas dentro de juicios de amparo en contra de las afectaciones que sufrieron diversos ciudadanos por la realización de obras públicas sin que ello les generará una reparación económica por la perdida de sus propiedades. La SCJN analiza otros seis casos de incumplimiento de sentencias de amparo o bien de sustitutos de la sentencia que involucran a otras autoridades municipales. El pasado 10 de noviembre el presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, señaló que cada sentencia tiene en sí misma la importancia de representar y significar el estado de derecho, cada sentencia es el sometimiento de las partes al orden y prevalencia la ley, por eso cada sentencia debe cumplirse. En todos los casos, cuando la Corte establece este tipo de sanciones, los servidores públicos o ex funcionarios incurren estas faltas, enfrentarán cargos ante un juez de distrito y podrían ser sentenciados hasta 10 años de prisión e inhabilitados del servicio público. En Guerrero hay muchos presidentes y ex presidentes municipales que ha incumplido con el pago de las demandas laborales, por lo que no nos extrañaría que por ahí salte un caso, entre ellos está el Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort, en la que hay demandas hasta el día de hoy no se han cumplido y lo mismo sucede en Atoyac de Alvarez, con el actual alcalde y así podríamos seguir enlistando otros como Chilapa de Alvarez, Tixtla, Apango y otros más. Vamos a esperar resultados, luego de estas órdenes dictadas por la SCJN, seguramente los ex trabajadores de Guerrero ahora que conozca más del tema, habrá de acelerar su exigencia para que les paguen sus laudos laborales que ya datan desde hace muchos años.